El juez desoye la petición de prisión de la Fiscalía

En libertad, sin medidas cautelares, pero imputado en una trama corrupta para la adjudicación amañada en el 2008 de un millonario contrato de gestión de residuos de 27 pueblos alicantinos a favor de empresarios amigos. El juez de Instrucción Número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, tras interrogar al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, le acusó de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios por haber entregado esa concesión a Enrique Ortiz. El magistrado, no obstante, desestimó la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía para Ripoll prisión cautelar eludible con una fianza de 500.000 euros. Ripoll declaró ante el juez durante más de cuatro horas.