un ÁREA INDUSTRIAL EN SOLFAConsecuencias de la mala gestión
El polígono industrial de León sufre la ruina del consorcio, que debe 10 millones
Apepil denuncia el abandono del recinto industrial en calles, alumbrado, agua y zonas verdes
Las sucesivas obras de asfaltado en las calles del polígono sólo han sido parches.
El polígono industrial de León vive una «situación caótica» y ha llegado a carecer de servicios esenciales, como el agua potable, debido a la deuda del Consorcio Interurbanístico Municipal, que ronda los diez millones de euros. La Asociación de Propietarios y Empresarios Apepil advierte de la responsabilidad del consorcio ante su «pasividad» a la hora de reparar las averías en los depósitos de agua potable, el riesgo de incendios por la falta de mantenimiento de las zonas verdes y de accidentes por el mal estado de las calles del espacio industrial.
El consorcio arrastra una deuda cercana a los diez millones de euros, admite su presidente, el concejal leonés Miguel Ángel Cardo, de los cuales cerca de un millón ahogan su gestión por tratarse de proveedores de servicios, como Iberdrola, Seralia y la empresa de mantenimiento, que ha suspendido sus trabajos y reclama cerca de medio millón de euros a esta entidad supramunicipal.
Mientras la asociación empresarial carga contra el consorcio, desde éste se pide la colaboración de las empresas que trabajan en el polígono para buscar una solución. La situación de abandono afecta de modo especial a la primera fase del polígono industrial, donde a mediados de junio se quedaron sin servicio de agua potable a causa de una avería.
«Nos vimos obligados a encargar una nueva bomba de elevación y a clorar el agua por nuestra cuenta para tener suministro», lamenta el vicepresidente de Apepil, Ángel Taranilla, quien denuncia que desde hace cuatro meses «el polígono está totalmente abandonado y sin mantenimiento de ningún tipo».
El consorcio intermunicipal está integrado por los municipios de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina y se constituyó en 2002 para la gestión del polígono industrial ubicado en sus términos municipales pero desde todos los ámbitos se coincide en que «nunca ha habido una buena gestión y muchas de las deficiencias se deben a que se asumieron obras que no estaban bien ejecutadas».
Además, tanto el presidente del consorcio como los alcaldes de Santovenia y de Onzonilla, del PSOE y PP, respectivamente, echan en falta una participación «activa y efectiva» de las empresas en la gestión del polígono. Por su parte, Apepil, que agrupa a una tercera parte de las 240 empresas instaladas en el polígono industrial de León, asegura que no sólo está dispuesta sino que «queremos asumir la gestión del agua y de la recogida de basuras, pero estamos esperando a que nos llamen».
El vicepresidente de Apepil señala que, desde el 27 de mayo, fecha en la que estaba progamada una reunión del consorcio que fue suspendida, «no sabemos nada ni nos han respondido a los escritos que hemos mandado ante la situación en la que estamos».
La suspensión del servicio de mantenimiento se produjo en el mes de febrero, tras dos años sin que la empresa adjudicataria, Agustín Montaña, cobrara ni un sólo mes por los servicios y se acumularan, además, varias facturas extraordinarias por averías que tuvo que subsanar el proveedor. Montaña tenía encomendado el mantenimiento del alumbrado, las calles, aguas residuales, potables y zonas verdes.
El grueso de la deuda del consorcio es con la Mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz, Saleal, entidad que reclama cerca de nueve millones de euros. Esta desorbitada cantidad se ha acumulado tras años sin cobrar el recibo de la depuración de agua a las empresas. «Los primeros recibos se empezaron a pasar cuando tomó posesión el anterior presidente, Abel Pardo», subraya el alcalde de Santovenia, Francisco González.
Además de mala gestión en el cobro de los recibos el consorcio achaca esta deuda al desequilibrio entre lo que factura Saleal y lo que recauda la entidad urbanística a las empresas por la depuración de aguas debido a un convenio que convirtió al consorcio en único usuario de la depuradora en lugar de las a las empresas.
Actualmente, el consorcio negocia un nuevo convenio con Saleal, entidad que preside el también concejal socialista por León, Francisco Gutiérrez, para solucionar el problema de la facturación, que incluye las aguas pluviales, y el cobro a las empresas. Las tasas de agua y alcantarillado también se cobran con cuatro años de retraso.