De cadena a tejido

Tras pasar por el Senado el Proyecto de Ley por la que se establecerá un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos entrará en el sprint para que los autónomos puedan cobrar el paro a partir del próximo año.

Con ello se pondrá fin a uno de los mayores miedos de los trabajadores por cuenta propia, el cese involuntario de la actividad. La Ley llega en un momento de crisis general, pero que afecta especialmente a uno de los sectores más desprotegidos del mercado laboral español.

El pasado nueve de febrero el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el Proyecto de Ley, que especificaba en el punto segundo de la exposición de motivos que el desarrollo legal y reglamentario del Estatuto del Trabajo Autónomo es « conditio sine qua non para lograr la equidad con el nivel de protección dispensado al trabajador por cuenta ajena existente en el ámbito laboral, y en concreto en un aspecto tan crucial como es el de la protección por desempleo».

El Ministerio encargó a un grupo de expertos un informe para iniciar la redacción del anteproyecto de Ley. El informe fue la primera piedra de la reforma de un sistema anquilosado que castiga especialmente a los sectores del comercio y la construcción.

El 17 de marzo del pasado año se ponía la segunda piedra. «Se aprobó en sesión plenaria en el Congreso de los diputados la Moción 173/55 denominada «Plan de Rescate de los autónomos» que instaba al Gobierno a elaborar una propuesta de sistema de prestación por cese de actividad del trabajador autónomo para remitir a Cortes Generales y con fecha de 5 de mayo de 2009 se rubricó el acuerdo de la Mesa del Trabajo Autónomo, donde también figuraba la medida del desarrollo del sistema de prestación por cese de actividad del trabajador autónomo».

A partir de ahí la iniciativa ha pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ,el 23 de julio del 2009, por el Consejo de Ministros, el 13 de agosto, por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, el 26 de agosto y por los interlocutores sociales y asociaciones.

El 30 de julio del pasado año el titular de la cartera de Trabajo, Celestino Corbacho entregó a los representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) y a la Federación Española de Autónomos (Ceat) el proyecto del Ministerio para crear por primera vez un sistema que permitiera a los autónomos no quedar sin ingresos a pesar de que se interrumpiera su actividad laboral.

Celestino Corbacho apuntó en ese momento que el documento era un punto de salida para la negoción que debería limarse con la ayuda de los agentes implicados.

Desde entonces la negociación se centró principalmente en la determinación del importe de las prestaciones, la cuantía de las bases de cotización y la duración de las ayudas. En el primer proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo se había previsto que la prestación tuviera un máximo de seis meses, que finalmente se ha ampliado hasta alcanzar el año.

Un itinerario legal, que conduce a un hito en la protección de los trabajadores y atiende la demanda histórica de un sector laboral que también ha pasado «muchos lunes al Sol».

No obstante, aunque en las asociaciones de autónomos han visto colmadas parte de sus aspiraciones, aun queda camino por andar. «El último eslabón de la cadena productiva», como ha dado en calificar el sentimiento de algunos autónomos la vicepresidenta de ATA, Soraya Mayo, es cada vez menos un eslabón de la cadena y más una fibra del tejido empresarial.