Las acusaciones piden para Garzón una pena de 17 años de inhabilitación

Las acusaciones en el proceso abierto a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas a los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados han pedido que el juez sea inhabilitado hasta 17 años. En el escrito de acusación presentado por el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, su defensa solicita que se abra juicio oral al juez por los delitos de prevaricación judicial continuada y contra las garantías constitucionales, por los que pide 17 años de inhabilitación. Por estos mismos hechos el abogado Ignacio Peláez, fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

Peláez acusa a Garzón de prevaricación y uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales y solicita que sea condenado a 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público y a pagar una multa de 2.190 euros.

Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide para Garzón una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

Según explica, Garzón, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que «no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos», decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados.

A su juicio, el juez pretendía obtener datos reservados «para favorecer el éxito de la investigación».