El Grupo Alonso envía seis meses al paro a otros 1.200 trabajadores

Otros 1.200 trabajadores empleados en el Grupo Alonso se sumarán a los 592 que hace un mes entraron en un Expediente de Regulación de Empleo temporal, según anunció ayer la empresa minera. Se trata en esta ocasión de trabajadores de las empresas auxiliares, tanto transporte como taller, fabricación de bienes de equipo, revisiones y contratas del interior de la mina.

Entre el lunes y el martes el grupo de Victorino Alonso presentará los Expedientes de Regulación de Empleo de las diez empresas que se verán afectadas por la medida. El grupo plantea a las autoridades de Trabajo un expediente temporal de empleo, por seis meses, aunque con la esperanza de no tener que agotar este plazo.

La justificación de la medida son causas de fuerza mayor, debido al «periodo de incertidumbre en el que el sector ha vuelto a verse inmerso esta semana», así como al colapso financiero en el que las dificultades de la puesta en marcha del incentivo al consumo han colocado a la empresa.

En total son casi 1.800 los trabajadores del grupo minero que van a verse afectados por estas medidas, algo más de la mitad de ellos de León. También tendrán que pasar a la situación de paro temporal trabajadores de Palencia, Asturias, Madrid y Navarra (donde el grupo fabrica sus rozadoras, estemples, automarchantes, etc.). A principios de la próxima semana los expedientes de regulación se presentarán en sus correspondientes ámbitos territoriales, que las autoridades laborales deberán resolver en un plazo de dos semanas.

Situación crítica. Otros 1.500 trabajadores tanto de Uminsa como de Coto Minero Cantábrico seguirán de momento en sus puestos de trabajo. El Grupo Alonso tiene en nómina un total de 3.500 empleados.

Hace un mes se vieron afectados por el primer ERE presentado en la minería en esta crisis los 592 trabajdores de las contratas de los cielos abiertos del grupo.

Según fuentes de la empresa, «se ha tratado de buscar la solución menos traumática, de forma que los trabajadores puedan seguir cobrando sus salarios».

Precisamente ayer en Valladolid el vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, se refirió a la crítica situación que viven las empresas del carbón, y que se prolongará como consecuencia de los recursos presentados por las compañías eléctricas contra el incentivo al consumo.

Tomás Villanueva aseguró que la Junta está en contacto permanente con la Secretaría de Estado de Energía y con el Ministerio de Industria, que estudian la repercusión de las medidas adoptadas tanto por el Tribunal Europeo de Luxemburgo como por la Audiencia Nacional. «Los servicios jurídicos están analizando estos puntos, y en poco tiempo habrá que ver si es necesario tomar medidas transitorias, o si en lugar de decisiones coyunturales hay que tomar otras más a largo plazo». En cualquier caso, defendió la necesidad de «respetar la iniciativa del Gobierno central sobre las medidas que se tomen»; e insistió en que «es prematuro aún hacer públicas cuáles son las opciones».

Si hizo hincapié el consejero de Economía y Empleo en que «lo que se está poniendo en riesgo es la viabilidad de las empresas. Llevan diez meses sin regularizar el suministro y no pueden facturar. Eso lleva a un desorden contable que puede acabar en la quiebra de las empresas».

Tomás Villanueva se mostró convencido de que el real decreto que fija los incentivos por consumo de carbón autóctono entrará finalmente en vigor, aunque reconoció que hasta que se resuelvan las demandas habrá que articular otras medidas alternativas. «Defendemos que el decreto tiene todo el vigor jurídico, contó con los dictámenes favorables de los servicios jurídicos de la Comisión Europea y ha sido tramitado correctamente por el Gobierno. Por eso contamos con que salga adelante finalmente».