Presión sobre el Pacto de Toledo
Los vicepresidentes Rubalcaba y Salgado, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Nunca en sus 15 años y medio de vida el acuerdo sobre las pensiones conocido como Pacto de Toledo había corrido tanto peligro. El anuncio del Gobierno de aprobar la reforma del sistema antes de dos meses pone a prueba otra vez la voluntad de los partidos para negociar unos cambios que todos ven imprescindibles. Los puntos sobre la mesa son los siguientes:
Jubilaciones anticipadas. Reducirlas es un objetivo que comparten todos los grupos parlamentarios. Aunque las penalizaciones existentes tienen un efecto neutro o positivo sobre el gasto de la Seguridad Social en los trabajadores que se retiran con pensión entre los 60 y los 65 años, esta salida puede ser taponada, aunque cierra el mercado laboral a los jóvenes. Mención aparte merecen las jubilaciones parciales por contrato de relevo, que han sido endurecidas en la última reforma laboral.
Prejubilaciones, sólo privadas. Su fin está también próximo, salvo las que son financiadas en exclusiva con fondos de las empresas.
Incentivos para seguir trabajando. Poco más de 100.000 personas siguen trabajando en España a partir de los 65 años, pese a que acumulan un 2% de pensión por cada año. Todos los grupos apoyan elevar los incentivos.
Retrasar la edad de retiro. Existen varias fórmulas. La más polémica y que más rechazo provoca es alargar a 67 años la edad legal de retiro. Será difícil lograr el consenso.
Cotizar más años para tener una pensión completa. Está en 35 años y se baraja elevarla a 38. Sólo los trabajadores con carreras largas podrían retirarse a los 65.
Elevar los 15 años mínimos. Otra vía indirecta para mantener al personal en el mercado laboral es elevar el plazo mínimo de cotización para generar una pensión, situado ahora en 15 años.