La Fiscalía pedirá para los líderes de los controladores ocho años de cárcel
Los primeros citados no declaran y defienden la competencia de la justicia militar
El portavoz de la Usca, César Cabo, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio ayer órdenes a los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia para que hagan caer todo el peso del Código Penal sobre los más de 400 controladores aéreos que no se presentaron o abandonaron su puesto de trabajo el viernes y sábado pasado. El Ministerio Público pedirá la máxima pena a los trabajadores que instigaron la huelga salvaje, que va de los tres a los ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición, según recoge la Ley Penal de Navegación Aérea. Los primeros 12 controladores que fueron citados este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid se negaron a declarar al entender que la autoridad competente para investigar los hechos es la jurisdicción militar, una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma el sábado a mediodía.
En una junta de fiscales celebrada ayer en Zaragoza, Conde-Pumpido y sus subordinados acordaron unificar el criterio jurídico que usará el Ministerio Público en todos aquellos lugares donde se han abierto diligencias a los controladores sublevados. Todos serán investigados por un supuesto delito de sedición por el abandono de su puesto de trabajo. Sin embargo, la Fiscalía distinguirá con claridad entre los funcionarios que lideraron el motín y los que se limitaron a secundarlo. Para ello analizará en profundidad «caso por caso» y aplicará las responsabilidades penales con «agravantes y atenuantes», dependiendo de su implicación en los hechos. El objetivo prioritario será, en todo caso, identificar a los dirigentes que promovieron la huelga salvaje. A este grupo se aplicará el agravante dada su responsabilidad en la paralización del tráfico aéreo durante 20 horas. «Un delito muy grave penado con entre tres y ocho de años de prisión», anunció Conde-Pumpido, ya que se trató de un abandono «premeditado, concertado y colectivo» de los aeropuertos con un «grave daño» para más de 650.000 viajeros y para la economía del Estado.
Las fiscalías provinciales ya buscan a los líderes que impulsaron el complot con los atestados que les ha entregado la Policía Nacional, la Guardia Civil y Aena. Por su parte, el Ministerio Público también ha ordenado a las fuerzas de seguridad que desentrañen quién orquestó la huelga. Para ello no descarta realizar una investigación del tráfico de llamadas, mensajes o correos de los controladores para determinar si hubo una concertación para causar el motín.
No habrá un proceso general. En todo caso, el Ministerio Público no pretende realizar un proceso general a los más de 400 controladores involucrados en la protesta. Dará un trato «más favorable», incluso eximirá de toda acusación penal, a aquellos trabajadores de a pie que, aunque se ausentasen de sus puestos, lo hicieron obligados por los cabecillas y regresasen a las torres en cuanto fueron requeridos por la autoridad castrense, una vez se decretó la militarización del espacio aéreo. Para este segundo grupo, la Ley Penal de Navegación Aérea contempla penas menores que van de los tres meses a los tres años de cárcel.
Precisamente, los primeros 12 controladores que fueron citados este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid se acogieron a su derecho a no declarar. Era el grupo de trabajadores que se encontraba reunido en un hotel de Madrid el viernes por la noche poco después de estallar la sublevación en las torres de control y que fueron identificados por la Guardia Civil. Según explicó el fiscal Eduardo Esteban, todos alegaron que la competencia del caso corresponde a la jurisdicción militar a consecuencia del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo.
El fiscal consideró que este argumento es erróneo ya que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretase la militarización del aeropuerto. Es más, el Ministerio Público no tiene constancia de que alguna de las 20 diligencias abiertas por la huelga la investigue la justicia militar porque ningún técnico desobedeció a los mandos militares ni se ausentó desde que se inició el estado de alarma.