Dos fiscales investigan casos de niños robados en el franquismo
Tramitan 15 denuncias porque el supuesto delito no prescribió
Las fiscalías provinciales de Cádiz y Málaga han abierto la puerta para investigar uno de los casos más oscuros del franquismo: la desaparición de niños recién nacidos a los que se había dado por muertos. En los últimos días han admitido las denuncias presentada por particulares sobre casos acaecidos durante las décadas de los sesenta y setenta.
En Cádiz, por ejemplo, el Ministerio Público admitió 14 denuncias ya que el supuesto delito que se investiga podrían no haber prescrito, una vigencia «más dudosa» en otros casos similares.
La Policía Judicial tomará declaración a cada uno de los denunciantes y prevé examinar los partes clínicos para saber al menos qué ocurrió.
Las denuncias admitidas por el fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, hacen referencia a hechos acaecidos en la residencia médica Zamacola, que desapareció en 1975.
En concreto reflejan los testimonios de familiares que sostienen que, tras los partos, no les dejaron ver a sus hijos pese a que aseguran que nacieron sanos y los sanitarios les comunicaron que habían fallecido. A veces con justificaciones tan vanas como una presunta otitis del bebé.
En el caso de Málaga, la fiscalía provincial dirigida por Antonio Morales decidió hace unos días abrir diligencias penales para conocer la denuncia de Isabel Agüera, quien considera que su hermana no falleció en el parto en el Hospital Civil malacitano en 1970, sino que fue dada en adopción o, directamente, fue entregada a familias adineradas vinculadas al régimen franquista.
La plataforma se felicita. La plataforma de afectados sobre los casos de niños robados se congratuló este martes de que dos fiscales provinciales abran diligencias penales para indagar sobre las desapariciones, aunque estimaron que debería ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado de investigar los hechos debido a su competencia estatal.
El fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza, rechazó esta posibilidad en una reunión con los responsables de la plataforma.
Zaragoza considera que, dadas las dudas que existen sobre la prescripción de los delitos la vía penal, la investigación podría resultar inútil, de ahí que conminase a los afectados a dirigirse al Ministerio de Justicia.