«La impugnación de las eléctricas y otras autonomías es un frente incomprensible»
«La impugnación del real decreto de incentivos al consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas y de alguna otra comunidad autónoma es un frente incomprensible. Con respeto a la decisión del otro gobierno autonómico, no aceptamos la posición que ha adoptado». En estos términos se refería ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, a los recursos interpuestos por la Xunta de Galicia contra el real decreto ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal General de Luxemburgo.
Villanueva insistió después en calificar de «incomprensible» la posición de las eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) y de la Xunta de Galicia. «Las impugnaciones carecen de sentido, porque el incentivo no es un perjuicio para otras plantas térmicas que trabajan con otro tipo de combustibles. Con todo el respeto para las decisiones de otros gobiernos, ni las comprendemos ni las compartimos»
La Junta insistió ayer ante el ministro de Industria en la necesidad de elaborar un Plan del Carbón que insista en los «criterios que hasta ahora se han mantenido en España, y que se resumen en la necesidad de garantizar la seguridad en la generación a través de una reserva estratégica de combustible propio. Vamos a trabajar con el Gobierno para conseguir esto».
El presidente Herrera preguntó ayer a Sebastián sus intenciones sobre el real decreto de incentivos, a lo que el ministro contestó que confía en una resolución favorable por parte del Tribunal de Luxemburgo, en la misma línea que las del Supremo y la Audiencia Nacional, que levantaron las medidas cautelares solicitadas en los recursos.
«El Gobierno tiene intención de poner en marcha de manera inmediata el real decreto», destacó el responsable económico de la Comunidad; si bien el ministro no quiso adelantar si entrará en vigor este mismo mes. «Hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales», insistió Villanueva.
El consejero hizo hincapié en el apoyo de la Junta al Gobierno en todo momento sobre el real decreto, y también mostró su convencimiento de la legalidad de la medida, «que ya estaba contemplada en el Plan del Carbón y se suprimió».