El Gobierno da marcha atrás y niega ahora que negocie el cierre de Garoña

El Gobierno da marcha atrás y ahora niega que la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares esté sobre la mesa del diálogo social. Un día después del mensaje enviado por Moncloa y de que el ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, afirmase que el Ejecutivo puede modificar su postura sobre energía nuclear con el fin de alcanzar un acuerdo integral con sindicatos y empresarios, a la vez que tiende un cable al Partido Popular, el responsable de Trabajo, Valeriano Gómez, intentó zanjar el tema. «En ningún momento de la negociación se ha planteado nada que tenga que ver con el cierre o reapertura de las centrales, ni siquiera respecto al papel de la política energética y dentro de la estrategia pública en materia de energía», apuntó.

Además, Valeriano Gómez calificó de «absurdo» la posibilidad de reformar las pensiones a cambio de modificaciones en política energética e industrial. «Cada bloque de negociación tiene un valor en si mismo», indicó. Aunque, en todo caso, no negó que Gobierno y agentes sociales discutirán sobre estos temas, «pero teniendo en cuenta su valor».

Los desmentidos de miembros del Gabinete no atajaron las expectativas que desde diferentes segmentos del área energética se han abierto con la insinuación lanzada desde la propia Moncloa.

El compromiso electoral socialista de reducir el peso de la energía nuclear en la generación podría casar, en determinadas circunstancias, con el cierre de los grupos que utilizan esta tecnología «al término de su vida útil» y también con la prolongación de este periodo de actividad.

Por eso la Fundación Renovables exigió «seriedad en el debate energético» y reclamó un puesto en la mesa del pacto sobre la energía, por entender que no debiera estar reservado a los interlocutores políticos y sociales. Las energías renovables están viendo revisadas sus retribuciones, y temen que el resurgir del debate nuclear les relegue a un papel menos destacado.

1397124194 Acuerdo complicado. Mientras tanto, el plazo para un acuerdo en temas sociales, y en particular en la reforma de pensiones, se acerca a su término. Los sindicatos consideran «complicado» llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la edad de jubilación antes del 25 de enero, día en el que está previsto el debate en el Parlamento de las recomendaciones formuladas por la comisión del Pacto de Toledo. Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez advirtieron de que, si el Ejecutivo persiste en su empeño de elevar la edad de jubilación a los 67 años, no sería posible un acuerdo y podría reactivarse el «conflicto social».

Alternativas sindicales. Los dos líderes sindicales explicaron en su primera comparecencia pública desde que se inició el diálogo que en las reuniones mantenidas con el Gobierno y los empresarios, las organizaciones sindicales han planteado «multitud de alternativas» para actuar en el gasto y en los ingresos en materia de pensiones.

«La distancia que nos separa es grande, el tiempo se va agotando y no parece que el Gobierno tenga voluntad de cambiar su posición de forma suficiente como para que podamos decir que tenemos un acuerdo a la vista», declaró el máximo responsable de Comisiones Obreras, Fernández Toxo.

«Nuestra primera exigencia es reconstruir el Pacto de Toledo, que es la expresión del consenso parlamentario», señaló Méndez.

«La negociación continúa. Todavía hay distancias apreciables, pero creo que hay una voluntad de seguir negociando. No hay que establecer ninguna sospecha de duda de alcanzarlo», apuntó Valeriano Gómez, aunque aclaró que hay en estos momentos distancias y dificultades importantes.