El juez Ruz reactiva la causa del chivatazo policial a ETA
Ordena nuevas diligencias y cuestiona los informes periciales de la policía
El magistrado Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.
El caso Faisán tiene vida. Lejos de archivar las actuaciones, como pedía la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer un impulso a la investigación sobre el supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA, que alertó en mayo del 2006 de una operación antiterrorista contra el entramado financiero de la banda. El instructor cuestionó en un duro auto los exámenes realizados hasta la fecha por las autoridades policiales y ordenó una batería de diligencias para concretar las pruebas obtenidas en el bar Faisán de Behobia, donde se produjo el presunto soplo. En la causa están imputados tres altos cargos policiales, entre ellos el ex director general Víctor García Hidalgo, por colaboración con organización terrorista y revelación de secretos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 justificó su decisión de reactivar la causa por las evidencias de que «nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención ( ) de determinadas personas que estaban siendo investigadas ( ) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA encargada de recaudar el impuesto revolucionario ». El instructor considera que la «delación policial» al imputado Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y supuesto miembro del aparato de extorsión de ETA, se produjo para tratar de evitar la «inminente» detención del presunto etarra José Antonio Cau Aldalur, residente en Francia, quien tenían previsto acudir desde a Irún el 4 de mayo del 2006 para reunirse con Elosúa a fin de recibir una cantidad de dinero procedente del impuesto revolucionario. Este aviso -explica el juez- impidió ese mismo día una operación antiterrorista en España y Francia contra otras nueve personas de la red de extorsión. Una actuación que se llevó a cabo finalmente el 20 de junio del 2006. El auto en el que juez transforma las diligencias previas en sumario estima que existen elementos suficientes para creer «factible y racional» que los altos cargos policiales imputados por el supuesto chivatazo -García Hidalgo, el jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de las Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros- pudieron cometer un delito de colaboración con organización terrorista, penado con hasta diez años de cárcel.
Para concretar la acusación el juez Ruz ordena practicar nuevas diligencias. Lo hace, también, a la vista de las «contradicciones» de algunos testigos sobre los hechos sucedidos en el bar Faisán
Precisamente, la primera pesquisa va dirigida a tomar declaración como testigos el 8 de febrero al inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis.