Hasta 17 nuevas llamadas apuntan a Interior en el 'chivatazo' a ETA
Piden identificar tres teléfonos con los que se comunicaron los imputados
El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, en el centro, en el bar Faisán en el 2006.
Diecisiete llamadas desde tres números de teléfono, dos móviles y uno fijo, registrados a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior. Esos tres números recibieron llamadas de dos de los tres imputados por el chivatazo a ETA antes, durante e inmediatamente después de que se produjera la delación policial al aparato de extorsión de la banda terrorista el 4 de mayo de 2006. A esos móviles del departamento de Pérez Rubalcaba también telefonearon los sospechosos cuando cuatro meses después, ya en septiembre, supieron que Baltasar Garzón acababa de abrir una investigación para investigar la filtración. Sin embargo, ese tráfico telefónico no fue analizado en el extenso informe que la Policía hizo en enero de 2007, y en el que se detallaba todo el cruce de llamadas de esos días entre los supuestos principales protagonistas del 'soplo',
En ninguno de los atestados realizados en la larga instrucción de la Audiencia Nacional se identifica quién, dentro del Ministerio del Interior, usaba esos teléfonos oficiales: los móviles 62940XXXX, el 68674XXXX y el fijo 91537XXXX. Como dirección de todos ellos figura las dependencias del Ministerio en la calle Amador de los Ríos de Madrid, justo a las espaldas del palacio del Paseo de la Castellana donde se ubica la sede principal de Interior.
Según explicaron ayer responsables judiciales, las únicas referencias a esas 17 misteriosas llamadas y a esos tres terminales han aparecido en anexos a los informes policiales, sin que la Fiscalía se molestara durante los casi cinco años trascurridos desde el 'soplo' en pedir al entonces instructor, Baltasar Garzón, que ordenara identificar a los usuarios.
Ayer la Asociación Dignidad y Justicia, acusación popular en el sumario sobre el 'chivatazo' y que ha tenido acceso a esos anexos, pidió por primera vez al nuevo juez, Pablo Ruz, que ordene al Ministerio del Interior desvelar quienes usaban esos teléfonos y que esos tres funcionarios o altos cargos declaren, en principio como testigos.
Sólo los usuarios de esos teléfonos pueden desvelar el contenido de aquellas conversaciones -algunas de ellas fallidas- y si éstas guardaban relación con la delación, ya que esos terminales no estaban 'pinchados' y únicamente se conoce el tráfico de llamadas, los destinatarios y receptores, y la duración de las mismas. Garzón sólo autorizó intervenir los teléfonos de los tres imputados, el ex director de la policía Víctor García Hildalgo, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Pamiés, y un inspector de Vitoria, en agosto de 2006.
Dignidad y Justicia ha pedido además al juez conocer las llamadas hechas desde esos teléfonos desde el 1 de mayo de 2006, tres días antes del 'chivatazo', hasta el 16 de septiembre de ese mismo año, cuando los principales implicados intercambiaron llamadas tras conocer que la Audiencia Nacional había abierto la investigación para esclarecer el 'soplo' a Joseba Elosúa, el dueño del bar Faisán de Irún, que supuestamente era usado por ETA como oficina de cobro del impuesto revolucionario.
Según el colectivo de víctimas, conocer quiénes usaban esos teléfonos oficiales y de qué hablaron en esas llamadas tiene «relevancia e interés suficiente como para que sean tenidos en cuenta a la hora de esclarecer los hechos objeto de investigación».
Un día después de que Ruz acordara reactivar la investigación a pesar de la oposición de la Fiscalía, Dignidad y Justicia también reclama que se interrogue al comisario jefe accidental de la Unidad Central de Información por las supuestas presiones sobre los investigadores del soplo.