Industria justifica un nuevo retraso para aplicar el decreto en el recurso de Galicia
Las eléctricas levantan las medidas cautelares contra las ayudas, pero la Xunta las mantiene

Concentración en La Robla en defensa del carbón, ayer por la tarde.
El Ministerio de Industria se resistía anoche, al cierre de esta edición, a poner en marcha el decreto del carbón si antes las eléctricas y, sobre todo, el gobierno de la Xunta no retiraban los recursos ante el Tribunal de Luxemburgo.
Ministerio y sindicatos reanudarán hoy, a partir de las diez de la mañana, unas negociaciones que, según fuentes de los representantes de los trabajadores, han entrado en «la buena dirección». Gran parte de las esperanzas de un acuerdo pasan por la decisión que pueda tomar hoy el gobierno de Núñez-Feijoó, si bien el ejecutivo gallego reiteró ayer su postura oficial de seguir adelante con la vía judicial en su cruzada a favor del carbón de importación.
Antes de la reunión de ayer, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa realizaron un gesto de buena voluntad al anunciar que habían retirado la petición de suspensión cautelar que habían planteado ante el Tribunal de la Unión Europea.
Las tres compañías y la Xunta de Galicia pidieron el pasado enero al Tribunal de Justicia de la UE que suspendiera cautelarmente la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto que prima el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas españolas.
Según las mismas fuentes, las tres compañías, que también han recurrido la norma ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, mantienen los recursos en Luxemburgo.
Las demandantes acudieron a la corte contra la decisión de Comisión Europea (CE) de autorizar el real decreto, que permite las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2014. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, junto a la Xunta de Galicia, solicitaron el 10 de enero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la suspensión cautelar del real decreto que incentiva el uso del carbón autóctono. Ese mismo día, España solicitó al Tribunal General de la Unión Europea (UE) el levantamiento de las medidas cautelares por considerar que su continuidad provocaría «el colapso» del sector hullero español. En España, la Audiencia Nacional levantó a principios de enero la medida que suspendía de forma «cautelarísima» el desarrollo del Real Decreto del carbón, mientras que el Supremo también dio luz verde a la entrada en vigor de la norma.
Sin embargo, el Gobierno no se ha atrevido desde entonces a llevar a la práctica la medida.
Por otro lado, a la misma hora que se iniciaba en Madrid la reunión de ayer, En La Robla cerca de 500 personas se concentraban en la plaza de la Constitución para exigir una solución al conflicto, que mantiene en el paro a centenares de trabajadores.
Desde CCOO, Rubén Darío Marcos agradeció el apoyo recibido por todos los alcaldes de las cuencas mineras y entendió que la retirada del recurso por parte de las eléctricas es «una buena noticia», aunque matizó que el sector está «harto» de recibir promesas, por lo que «hasta que no lo veamos con nuestros ojos, no vamos a estar convencidos de que esto está solucionado», dijo. El responsable sindical de CCOO pidió al Gobierno que pongan «lo que tienen que poner encima de la mesa» y que aplique el Real Decreto.
Por su parte, Ángel Fernández, desde UGT, consideró que las noticias hacen presagiar que las negociaciones «van por buen camino», aunque aclaró que eso no quiere decir «que haya que lanzar las campanas al vuelo». Respecto a la situación de los trabajadores, Fernández estimó que lo que los trabajadores tienen que decir es que «el ERE fuera» para que regrese «la normalidad», porque lo que se quiere es «normalidad en las comarcas», concluyó.
Mientras desde el Grupo Alonso aseguraron ayer, en declaraciones a Efe que esta decisión no era «la ansiada por el sector», y que el verdadero «caballo de batalla» de la minería del carbón es la decisión que tome el Tribunal de Luxemburgo sobre los recursos que han presentado al Real Decreto, los cuales aún no han retirado. La empresa ha lamentado que el Ejecutivo esté «siguiendo los impulsos» de este Tribunal, pues «si quisiera, podría haber aprobado» esta norma «hace dos o tres meses.