La Fiscalía General ordena investigar todas las denuncias de bebés robados
Unas 70 denuncias de ciudadanos particulares se tramitan ya en 14 fiscalías provinciales
La Fiscalía General del Estado ha remitido una circular a sus órganos territoriales para que investiguen todas las denuncias sobre supuestos casos de bebés robados que lleguen a sus manos. El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido ha ordenado a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas y a los 50 fiscales provinciales que abran diligencias «de oficio» para conocer si los hechos denunciados tienen relevancia penal, según confirmaron fuentes judiciales.
La orden dirigida por la Fiscalía General llegó a los órganos territoriales la semana pasada. Desde entonces, diferentes fiscalías provinciales han admitido en cascada nuevas demandas de particulares. A día de hoy, 14 fiscales provinciales ya investigan más de 70 denuncias sobre la desaparición de recién nacidos a manos de mafias organizadas que actuaron en hospitales públicos y privados entre los años 50 y 90.
Esta cifra, no obstante, irá creciendo, ya que la denuncia colectiva que presentó a finales de enero la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ante la Fiscalía General recogía 261 casos documentados. Días después, el Ministerio Público confirmó que no abriría una investigación general, sino que serían las fiscalías provinciales las que indagarían los hechos denunciados allí donde ocurrieron.
Conde-Pumpido entendía que los supuestos robos no obedecieron a un plan sistemático a nivel nacional, sino que eran redes autónomas que actuaron en diferentes puntos del país durante cuatro décadas. Otra explicación es que desde el punto de vista operativo era más eficaz involucrar en la investigación a los órganos territoriales, ya que cuentan con la colaboración de la policial judicial de la zona para examinar las acusaciones.
La Fiscalía General requerirá, eso sí, a los órganos territoriales toda la información sobre las diligencias que vayan abriendo con el objeto de «unificar criterios» sin que por ello se afecte la «autonomía» de las investigaciones, apuntan fuentes fiscales.
Hasta la fecha se conoce al menos una denuncia que ha sido judicializada. Se trata del caso de Isabel Agüera, una mujer de Estepona que denunció la desaparición de su hermana en el Hospital Civil de Málaga en 1970. El fiscal provincial, Antonio Morales, abrió diligencias en julio y seis meses después, la duración máxima de una investigación del Ministerio Público, derivó el caso a los juzgados tras apreciar relevancia penal. Consideró que los delitos no han prescrito y que los supuestos responsables que aún viven podrían haber cometido usurpación de identidad y falsedad documental.