La ONU pide a Rubalcaba que pare las detenciones masivas de inmigrantes
Critica las «redadas policiales basadas en perfiles étnicos» que ordena Interior
Las detenciones masivas de inmigrantes ordenadas por el Ministerio del Interior han llegado a Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha pedido a España que termine cuanto antes con las que denomina «redadas policiales basadas en perfiles étnicos», que se derivan de la polémica circular 1/2010 que el Ministerio del Interior distribuyó el 25 de enero del 2010 y en la que instaba a la policía practicar arrestos de cualquier extracomunitario que no pudiera identificarse en ese momento. La ONU, en un documento fechado el pasado 10 de marzo y en el que presenta sus conclusiones sobre España, dice que es «preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular».
El Comité cree que detrás de estos arrestos masivos están las órdenes que dictó la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Una circular cuya legalidad defendió el propio Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso invocando la llamada ley Corcuera, la normativa de Seguridad Ciudadana. El entonces ministro del Interior y hoy vicepresidente negó incluso que se estuvieran produciendo estas redadas. El comité, que «insta» a Interior a «tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de Identificación» basados en esos «perfiles étnicos y raciales», recomienda al Ministerio que «considere la revisión de aquellas disposiciones de la Circular 1/2010», porque, entiende, estas discutidas órdenes «dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros en España».
La circular, que era secreta y cuya existencia reveló la Agencia Colpisa en exclusiva el 8 de febrero del 2010, ordenaba siempre «detenciones preventivas» de cualquier indocumentado, cuando esta figura es excepcional en la nueva Ley de Extranjería. Además, establecía que los expedientes de expulsión se tramitaran «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible». Aquella instrucción fue contestada por el sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, por el Consejo General de la Abogacía, por el Defensor del Pueblo y por numerosas organizaciones de inmigrantes. A pesar de las críticas, Interior anunció, como así ha sido durante este año, que no modificaría una coma de la circular, que a día de hoy sigue plenamente vigente.
La otra gran «preocupación» para la ONU es la situación de los extranjeros en los centros de internamiento de extranjeros. Relata que estas personas son puestas en libertad tras 60 días con un expediente de expulsión y sin recursos, por lo que son «más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones».