Acai denuncia que el periplo de las mujeres se prolonga durante dos semanas

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c. tapia | león
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«La desigualdad más importante q ue se produce en Castilla y León viene dada porque la situación varía para las mujeres en función de la provincia a la que pertenezcan», se concluye en un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). El documento, que será presentado a finales de mes con un análisis de la situación del aborto en España, refleja los desplazamientos geográficos que realizan las mujeres de la Comunidad autónoma para interrumpir su embarazo dentro de los supuestos de la nueva ley, que entró en vigor el 5 de julio del 2010. Un periplo que prolonga el proceso durante quince días. asegura Acai. «Primero acuden al médico de familia, se les realiza un test y una ecografía; la trabajadora social solicita la gratuidad al departamento correspondiente y finalmente se envía a la mujer a clínicas de Salamanca o Madrid. Ante esta situación, muchas mujeres optar por costearse ellas mismas la intervención de manera privada para que su intimidad y sus circunstancia no queden expuestas y sobre todo para no tener que salir de territorio». La reducción de todos estos trámites podría reducir el tiempo en una semana, explica Acai.

En el informe de Acai se constata que ninguno de los 14 complejos hospitalarios de Castilla y León (24 centros) realiza abortos provocados, por lo que las gerencias provinciales de sanidad tienen que concertar con clínicas privadas las intervenciones para no vulnerar la ley. Las mujeres de León van a Salamanca, las de Salamanca, Soria y Segovia van a Madrid, mientras que Valladolid atiende a las mujeres que deciden abortar de la propia provincia, Zamora, Ávila, Burgos y Palencia.

«Hasta que la administración solucione o no esta situación, las mujeres que se ven obligadas a abandonar su territorio viven un periplo médico y vital complejo que puede durar aproximadamente unas dos semanas», explica Eugenio Civieta, vocal de Acai en Castilla y León.

Tras cumplirse siete meses de aplicación de la norma, Acai ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no están ejecutando los «pilares básicos» que llevaron a su aprobación: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.

Andalucía es, según los informes, la Comunidad que mejor cumple con la ley, mientras que Madrid y Cataluña son las que más dificultades están presentando para convertir esta prestación «en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado».

«En las provincias donde la mujer puede interrumpir su gestación dentro del territorio nacional se calcula que las intervenciones financiadas públicamente suponen entre un 50% y un 70% de las intervenciones en función de la provincia».

Civieta afirma que la información debería ser editada y distribuida en sobres cerrados por la propia Consejería, «sin embargo, es remitida a los centros para que sean estos quienes elaboren los sobres, lo que hace perder intimidad a la mujer», asegura.

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Los responsables de las clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo critican que junto a la información que ofrece la Consejería de Sanidad «se incluye información específica sobre Red Madre». Red Madre es una asociación que ofrece ayuda las mujeres embarazadas que se encuentran en una situación social desfavo recida cuyo objetivo último es evitar un aborto.