Sortu defiende que su legalización «estrangularía a los violentos»
La Fiscalía y la Abogacía reclaman en el Supremo que se ilegalice al partido

Logotipo de Sortu, pendiente de la legalización.
Íñigo Iruin, el más conocido abogado de la izquierda aberzale, echó el resto en el Tribunal Supremo para convencer a los 16 magistrados para que autoricen la inscripción de Sortu en el registro de partidos. El letrado desgranó durante casi dos horas sus argumentos jurídicos a favor de la legalidad de la formación, pero también apeló al futuro: si Sortu concurre a las elecciones del próximo 22 de mayo y entra en las instituciones, vaticinó, será una «herramienta fundamental para el fin de la violencia en el País Vasco». Tanto sería así, dijo, que la legalización de ese partido «estrangularía cualquier espacio social y político para la práctica de la violencia».
Durante la segunda y última sesión del juicio de Sortu en el Tribunal Supremo, que ayer quedó visto para sentencia, la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado y los letrados de la formación bajo sospecha presentaron sus alegaciones finales. La de Iruin, que además de abogado del partido es el redactor de sus estatutos, fue la más extensa. Una y otra vez insistió en desvincular a Sortu de cualquier formación ilegalizada y de presentar a la nueva marca electoral como un partido ex novo nacido de una «verdadera ruptura» de la izquierda aberzale con el «pasado», con ETA y con la misma Batasuna. «Sortu no es pantalla de nada ni de nadie». Sortu, dijo el letrado, «no se pretende disfrazar ni actuar en la trastienda» para dejar luego que Batasuna o ETA «le fagocite».
Pero fue más allá. Garantizó que la «ruptura» de Sortu con «los planteamientos de ETA» es tan sincera que su condena al terrorismo no cambiaría aunque la banda volviera a las armas. El representante legal pidió al Supremo que no lleve a cabo una «ilegalización preventiva» de la formación, simplemente porque los magistrados «no se fían» de los promotores.
Iruin intentó desmontar los argumentos de la Policía y la Guardia Civil de que Sortu, lejos de romper con ETA, es parte de la estrategia «político militar» de la banda. Así, argumentó que entre 2009 y 2010 hubo un debate interno en la izquierda aberzale que le llevó directamente a la «confrontación» y a una posterior y verdadera ruptura con las tesis de la banda.
«Mismo complejo». Los argumentos del abogado habían sido rebatidos minutos antes por la Fiscalía y la Abogacía, que pidieron al Tribunal Supremo que aparte a Sortu de las elecciones por ser heredera de la ilegal Batasuna. Manuel Rivero, letrado del Estado aseguró que la nueva marca electoral de la izquierda aberzale no es más que la «enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna». Reclamó que no se permita la inscripción del partido en registro del Ministerio del Interior porque no ha «roto» ni con los partidos ilegalizados ni con los terroristas. «No es creíble» que «toda la izquierda aberzale, como si fuese un trasatlántico que se mueve al unísono» en «pocos meses y sin dejarse un sólo pelo en la gatera» haya cortado de raíz con su vinculación a ETA, sostuvo Rivero.
En casi idéntica línea se manifestó el fiscal Antonio Narváez, quien reclamó la ilegalización de Sortu porque su alejamiento de la violencia es «puramente estratégico y utilitarista». El Ministerio Público habló de un «ropaje formal de aparente ruptura» con ETA y Batasuna, sólo con el fin de concurrir a los comicios. «El hábito no hace al monje», recordó el fiscal.