La Junta andaluza no envía a la juez de los ERE las actas que pide

La Junta de Andalucía anunció ayer que no remitirá a la jueza instructora del caso de los presuntos fraudes en los ERE pagados con dinero público las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años al entender que se trata de una petición «más allá de lo razonable», porque vulnera el secreto o carácter reservado de dichas actas. Como alternativa, la administración ofrece facilitar certificaciones de aquellos acuerdos o resoluciones gubernamentales que la jueza señale como útiles para la investigación, que ya ha sido asumida por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. La petición de la jueza Mercedes Alaya se produjo en un auto el día 21, y en él solicitaba una extensa documentación que incluía, además, organigramas y actas de las reuniones de dirección de las consejerías relacionadas de alguna manera con el supuesto fraude. Pero los servicios jurídicos de la Junta creen imposible «levantar la reserva» que caracteriza a las actas de los consejos de Gobierno «con carácter general e indiscriminado».

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, indicó que dicha petición, además de «inédita en el orden constitucional español», no especifica «qué tipo de acuerdo o contenido de las actas se precisan para el buen fin de la investigación judicial», por lo que se «vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma», que acredita su «carácter reservado».

«No alcanzo a entender para qué el juzgado puede querer todas las actas del Consejo de Gobierno de diez años para distribuir entre todas las partes del proceso miles y miles de acuerdos que nada tienen que ver con la investigación que se sigue en el juzgado», apostilló. Una de las partes personadas en parte de las diligencias es precisamente el principal partido de la oposición, el PP. El argumento de la Junta es que las actas del consejo incluyen tanto informes como acuerdos de contenido puramente político y no sometidos a los principios de publicidad.