Griñán recapacita y entregará mañana las actas de los ERE a la jueza
La Junta de Andalucía agotará el plazo dado por la jueza que instruye el caso de los ERE presuntamente irregulares y entregará mañana todas las actas de los consejos de gobierno solicitadas por la magistrada. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, confirmó que remitirán la documentación, pero apostilló que «cuando toque», es decir, antes de que venza el plazo de 72 horas que fijó la jueza bajo amenaza de imputar a la Junta de Andalucía un delito de «desobediencia» y otro de «obstrucción».
El Ejecutivo autonómico, apoyado en sus servicios jurídicos, mantiene que el contenido de las actas de los consejos de gobierno desde el año 2001 -fecha en la que se modificó la fórmula para conceder las ayudas a empresas en crisis- es reservado y entregarlas a la justicia supondría la vulneración de la ley de Gobierno. Recuerda asimismo que en dichas actas, además de los acuerdos, se incluyen valoraciones o decisiones de calado político que no atañen a la investigación en curso, por lo que la sección de conflicto jurisdiccional del Tribunal Supremo deberá resolver si la entrega es factible.
Pero mientras se resuelve este conflicto de competencias, la jueza no ha dudado en tomar medidas cautelares para evitar cualquier «hipotética modificación», según sus propias palabras. La opción ofrecida no ha disgustado a la Junta, se trata de entregar sobres cerrados y lacrados que quedarán custodiados en el juzgado, donde el Ejecutivo confía «plenamente» que nadie los abrirá, como señaló Griñán durante un acto en Almería. El presidente rechazó además las insinuaciones vertidas por la juez en uno de sus actos. «Yo sí tengo esa confianza en la justicia», puntualizó.
Griñán no quiso comentar las críticas valoraciones que incluyen los autos judiciales, como sí hizo la consejera de Presidencia el pasado martes, y saldó el asunto con un lacónico «lo que está en los juzgados tiene trámites judiciales y no políticos».
El plazo dado por la jueza coincide con el refuerzo de las medidas de control de las subvenciones a los expedientes de regulación de empleo, el caballo de batalla del caso.
Mientras tanto, y ante la negativa de celebrar plenos extraordinarios en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude, el PP sigue con su estrategia de interrogar a los responsables andaluces en la cámara regional y en el Congreso nacional.
El turno ahora será para el expresidente Manuel Chaves, al que el PP ha pedido su comparecencia «urgente» en la cámara baja el próximo miércoles para que explique «a donde ha ido el dinero de la Junta».