Anticorrupción cree exagerado pedir todas las actas de la Junta por los ERE
La reclamación de las actas de todos los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde el 2001 para investigar el supuesto fraude en los ERE fue innecesaria y desproporcionada, según la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido el auto de la jueza instructora. La decisión ha sido aplaudida tanto por el presidente de la Junta como por el PSOE andaluz al entender que da la razón al Gobierno autonómico, mientras que desde el PP se han apresurado a lamentar que el Ministerio Público esté del lado del Ejecutivo «y no de la investigación».
El recurso de Anticorrupción se produce una semana después de que la Junta, que esgrime que es información reservada, entregase de forma cautelar las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década a la jueza instructora con el apercibimiento de que en caso contrario podría ser acusada de obstrucción. La jueza, que trata de esclarecer si el Ejecutivo conocía las trabas de Intervención General de Hacienda a la fórmula para el reparto de ayudas a empresas en crisis, insinuó además que era una forma de evitar una «hipotética» manipulación o alteración de los documentos mientras el Tribunal Supremo decidía si la jueza era competente para analizar dichas actas, como cuestionaba la Junta.
1397124194 Demanda contra Iván Chaves.
Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, se mostró «preocupado» porque el Ministerio Público no haya apostado «por estar al servicio de la legalidad y la transparencia» y porque en los últimos días «se hayan producido nombramientos de fiscales vinculados a los ERE». Y acusó a la Junta de incurrir en un «delito muy grave» por no investigar las posibles irregularidades en los ERE ya extinguidos o pagados de los últimos años, «es corrupción».
Mientras tanto, Manos Limpias presentó la primera querella contra Iván Chaves, el hijo del expresidente andaluz Manuel Chaves. En la demanda se le acusa de delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y autoridades, delito societario, y contra la Hacienda Pública.