La Junta exige a la UE vincular las ayudas al carbón a la competitividad, y no al cierre
Castilla y León demanda al Consejo Europeo ante el Tribunal de Luxemburgo por el reglamento aprobado
La demanda al Tribunal europeo recuerda que las empresas han hecho importantes inversiones.
El reglamento europeo de ayudas a las minas de carbón que entró en vigor el pasado uno de enero establece exigencias que no se ajustan ni a los principios energéticos que la UE había defendido hasta ahora, ni a la seguridad energética que se exige; y tampoco a la proporcionalidad entre los fines que persigue y las medidas que impone en cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Son algunos de los argumentos que utilizan los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Aragón en la demanda que han presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea, en la que exigen que se anule parcialmente el reglamento. Concretamente, en los puntos que hacen referencia a la obligatoriedad de que las minas que lleguen a ser rentables en el 2018 devuelvan las ayudas que reciban desde el pasado enero y hasta esa fecha, y en la reducción anual de estas ayudas que se establece.
Las comunidades esperan ahora que el tribunal admita la demanda, pero lamentan también que el Ministerio de Industria no haya querido sumarse a esta exigencia que consideran vital para el futuro de la minería nacional. En su demanda las autonomías que explotan carbón no exigen la retirada del reglamento en su totalidad, lo que podría dar lugar a un vacío legal en las ayudas que sumiría aún más en el caos al sector; pero saben que la vía judicial es la única fórmula de volver atrás una decisión tomada por el Consejo de Europa.
En el texto enviado al Tribunal de Luxemburgo se alegan cuatro motivos que justifican la retirada de las medidas que se exige: violación de los principios del Tratado Fundacional de la UE, que garantiza la seguridad del abastecimiento energético; violación del principio de proporcionalidad, ya que la protección del medio ambiente que se alega no se consigue eliminando la minería autóctona, por lo que cerrar las minas es desproporcionado; violación del principio de confianza, puesto que la UE ha cambiado radicalmente su política energética mientras las empresas realizaban importantes inversiones de futuro confiadas en los planes anteriores y, por último, falta de motivación, ya que el nuevo reglamento no justifica este cambio de parecer sobre las fuentes autóctonas de generación.
La demanda recuerda que el Tratado de la Unión establece que la política energética debe garantizar la seguridad del abastecimiento, y que tiene más sentido «vincular la concesión de las ayudas a un plan de competitividad, en lugar de uno de cierre; eliminando la condición de regresividad de las ayudas que sería incompatible con la consecución de objetivos de acceso a reservas y competitividad».
El reglamento, según las autonomías afectadas, pone en peligro el mantenimiento de una reserva estratégica de carbón en los estados miembros en los que es necesario; una reserva que hasta el pasado mes de diciembre se había considerado imprescindible.
También recuerda el texto que la reestructuración que se ha llevado a cabo en el sector en España «ha llevado al cierre a la mayor parte de las minas de carbón autóctono», y que las minas actualmente en funcionamiento «constituyen la masa crítica mínima para poder garantizar la seguridad del suministro de carbón en España». Y explica que el cierre de una mina de carbón «hace prácticamente imposible su reapertura posterior para responder a las necesidades en caso de energencia».
También señala que el abastecimiento con carbón es una garantía de seguridad frente a las renovables, variables y que no se pueden gestionar; y frente a la inestable situación de la mayoría de los países productores de combustibles fósiles alternativos.