El Tribunal de Cuentas descarta daño al erario público en la medalla de Aznar
Archiva el caso al considerar que no se buscó satisfacer intereses del expresidente
La instrucción realizada por el Tribunal de Cuentas para determinar si hubo alguna responsabilidad contable en las gestiones para que el expresidente del Gobierno José María Aznar recibiera la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos no ha detectado irregularidades, según se comunicó ayer de mannera oficial.
Así consta en la denominada Acta de liquidación provisional de este caso, redactada por el delegado instructor Roberto Gámir después de la denuncia presentada por la asociación Preeminencia del Derecho, que facilitó ayer la difusión del documento que recoge la resolución dictada porel Tribunal de Cuentas.
Fue en febrero del año pasado cuando este Tribunal decidió abrir una investigación después de la presentación de esa denuncia contra los integrantes del Consejo de ministros que el 26 de diciembre del 2003 decidieron destinar 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa estadounidense Piper Rudnick.
Según la denuncia, se desvió una parte de ese contrato para promocionar la concesión al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar de la medalla del Congreso de Estados Unidos, una distinción que finalmente no fue adjudicada.
Las conclusiones de la instrucción realizada por el Tribunal de Cuentas subrayan que, tras el examen de los hechos, no se dan los requisitos fijados en la ley de funcionamiento de este organimos fiscalizador de los fondos de las administraciones para generar responsabilidad contable.
Entiende el Tribunal de Cuentas que de los datos objetivos que se desprenden del análisis del expediente contractual y del resto de documentación que obra en el procedimiento contable no se ha encontrado ningún tipo de indicio que permita entender que el contrato en cuestión se ejecutó con desviación de poder o en fraude de ley.
«Ínfima parte» del dinero. Añade el Tribunal de Cuentas que las gestiones para la concesión de la medalla constituyen además «una ínfima parte» del montante total del contrato suscrito con la empresa estadounidense.
De igual forma, destaca que antes de que se suscribiera este contrato, diversos congresistas de Estados Unidos ya habían iniciado las gestiones para la concesión de la medalla, «de tal manera -”recalca el propio tribunal-” que su contemplación en el contrato simplemente suponía una continuación de gestiones anteriores».
«En consecuencia, no se dan los elementos configuradores para producir responsabilidad contable directa ni subsidiaria en las personas que actuaron en el procedimiento contractual reseñado», añade el texto difundido ayer.