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León

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No es un desconocido. El Servicio Territorial de Cultura y Turismo en León puso una sanción en el año 1993 al dueño de una casa en Antimio de Arriba que acogía ancianos en régimen de residencia y no la tenía inscrita en el registro de hoteles y pensiones. Se trata de la misma persona y del mismo hogar investigados ahora por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León, en el que han recaído las diligencias de la Policía Judicial que imputan a José Fernando Álvarez García un delito de abandono de incapaces. La residencia de Antimio se mantuvo abierta a pesar de las irregularidades denunciadas por el sindicato UGT a un cojunto de doce centros que, bajo la cobertura de hoteles, se dedicaban a albergar ancianos. La denuncia se había canalizado a través del Servicio de Sanidad y Bienestar Social, pero las lagunas legales y administrativas que existían entonces en torno a este tipo de cuidados permitía a los promotores operar bajo la autorización de establecimientos hosteleros, por lo que la sanción tuvo que ser impuesta por Cultura y Turismo, aunque sólo por no tener registradas estas dependencias.

Una investigación realizada por la periodista Ana Gaitero en Diario de León destapó en aquella etapa un laberinto de negocios que soslayaban las normas de centros para la tercera edad. Entre ellos, se citaba la casa de Antimio de Arriba entre los doce lugares de las mismas características que operaban en la provincia de León. «Una de las habitaciones de la planta baja mide poco más que la cama y el patio se confunde con los escombros -describía el reportaje-. En todo el local persiste un olor extraño mezcla de medicinas y cuerpos encamados». Por entonces, la estancia para una persona en silla de ruedas era de unas cien mil pesetas (600 euros).

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