El adelanto electoral deja sin renovar 23 cargos públicos

La renovación de los cargos institucionales es una obligación legal del Parlamento, pero los intereses de los partidos mayoritarios y el adelanto electoral hacen prácticamente imposible un acuerdo. Son varias instituciones las que llevan el cartel de en funciones desde hace meses y la situación no tiene visos de arreglarse hasta el próximo año. A un mes escaso de la disolución de las Cámaras, la legislatura entra en su recta final con 23 miembros de varios órganos constitucionales y reguladores pendientes de nombrar. Detrás de esta disfuncionalidad está el desencuentro entre el PSOE y el PP durante estos cuatro años.

En este momento, la falta de consenso mantiene bloqueada la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional (cuatro magistrados), el Defensor del Pueblo (uno), el Tribunal de Cuentas (los 12 consejeros, incluido el presidente) y el Consejo de Radio Televisión Española (seis de los 12 vocales).