La Audiencia Nacional resolverá sobre el chivatazo a ETA el 20 de septiembre
?. El Pleno de la Sala de lo Penal decidirá la suerte de los tres mandos policiales procesados por el Faisán .
Será el 20 de septiembre. Ese día los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirán la suerte del chivatazo a ETA. Los jueces, presididos por Javier Gómez Bermúdez, resolverán a puerta cerrada los recursos que han planteado tres procesados por soplo al aparato de extorsión terrorista y el resto de las partes personadas en este proceso.
Según explicaron fuentes jurídicas, el debate tendrá tres puntos principales: si hay indicios para sentar en el banquillo al director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros por la delación (las defensa argumentan que no); si el delito por el que deben responder es el de colaboración con organización terrorista, tal y como sostienen las acusaciones y el propio juez instructor Pablo Ruz; o si el ilícito por el que deben ser procesados es exclusivamente el de revelación de secretos, como arguye la Fiscalía. En este último supuesto, el chivatazo pasaría a ser competencia de los juzgados de Irún. La deliberación será secreta y comenzará a las 17:00 horas en las en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.
Un asunto «complejo». Fue el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, el que el pasado 26 de julio decidió que no fueran solo los tres magistrados de la Sección Segunda los que decidieran el futuro del chivatazo y avocó a pleno la resolución de los recursos, habida cuenta «por la complejidad e importancia jurídica» de este asunto.
Poco antes, Ruz había rechazado los recursos de reforma interpuestos contra su decisión del 13 de julio de sentar en el banquillo a los tres mandos policiales acusados de haber avisado en mayo del 2006 a los responsables de la recaudación del impuesto revolucionario de la inminente operación de las fuerzas de seguridad del Estado.