El juez encuentra trabas para procesar a los implicados por sitiar el Parlament
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tropieza con dificultades para hallar pruebas que involucren a la mayoría de los imputados por sitiar el Parlament catalán el pasado 15 de julio. De momento, los videos de los incidentes aportados por los Mossos d’Esquadra no muestran que los acusados coaccionaran a los diputados, por ello el magistrado ha pedido más pruebas a la policía autonómica catalana y estudia llamar a declarar a algunos de los supuestos políticos agredidos, según fuentes judiciales.
De los 20 acusados que ya han comparecido ante el juez, en sólo cuatro casos hay indicios de los delitos imputados, mientras que las pruebas contra el resto son poco sólidas, según las mismas fuentes. Los Mossos entregaron al magistrado videos de los incidentes frente al Parlament y en algunos casos las imágenes muestran a los acusados «abriendo pasillo a los diputados para que puedan pasar».
Por su parte, el abogado del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, aseguró que en las imágenes sí se ven actitudes violentas y agresiones de algunos imputados al diputado ciego de CIU Josep María Llop.
Tras concluir los interrogatorios, el juez ha dejado en libertad a los acusados de un delito contra las instituciones del Estado, penado con hasta cinco años de prisión, y les ha impuesto la comparecencia ante un juzgado los 1 y 15 de cada mes.
La detención de seis de las 17 personas que este martes declararon en la Audiencia Nacional sigue trayendo cola. El pasado jueves, medio centenar de Mossos entraron en la sede de la Ciudad de la Justicia de Cataluña para arrestar a los jóvenes por orden de la Audiencia Nacional. Los detenidos habían acudido a informarse de su situación procesal. La operación policial ha provocado un gran malestar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha abierto una investigación por esta intervención «desproporcionada y fuera de lugar» al tratarse de una sede judicial.
El Consejo General del Poder Judicial apoyó ayer la postura del Tribunal Superior.