El comité de empresa reclama «una RPT coherente, no para depurar»
Los trabajadores, en una imagen de archivo, se muestran cautos ante la redacción de la RPT.
Con la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sobre sus cabezas como documento básico para definir qué puestos no son necesarios y se deben eliminar, el comité de empresa del Ayuntamiento confió ayer en que la intención del nuevo equipo de gobierno del PP sea «hacerla de manera coherente, de acuerdo a funciones y horas, y no a la medida para depurar», según explicó Ramón Cármenes, portavoz de CC.OO., sindicato mayoritario en la representación de los laborales del consistorio. «Deberíamos pensar que no será para depurar, pero si lo hacen con esa intención nos encontrarán en frente», adelantó el sindicalista, quien apostó por «dar un voto de confianza a la concejala, mientras cumpla con su promesa de que no se tocará ningún puesto de trabajo y no haga lo contrario».
«Bien es cierto», recuerda Cármenes, que «los anteriores dijeron lo mismo y al final se llevaron por delante más de un centenar de contratos» que no se renovaron al finalizar el ejercicio 2007, la mayoría de ellos del servicio de Jardines. Para que no se repita la situación —que se produjo después de que los entonces rectores del PSOE y la UPL recibieran los resultados de una auditoría como la que ha contratado ahora el PP a la misma empresa— el representante de CC.OO. aboga por que se haga «una reestructuración de la plantilla». Una actuación que no implica que «sobren puestos», sino que se distribuyan de una manera efectiva porque «con el personal que hay se pueden acometer todos los servicios sin que se eche a nadie».
En contra de las previsiones que apuntan que servirá para marcar las plazas que serán eliminados o amortizados por jubilaciones o prejubilaciones, Cármenes defiende que la RPT «debe ser el primer paso para acometer después la consolidación de empleo». Un proceso que CC.OO. no entiende que se haya «paralizado», después de que se aprobara por unanimidad por parte de todos los grupos políticos a finales del pasado mandato.
El proceso perseguía asentar el puesto de trabajo de 284 personas que ocupaban su plaza en régimen de Oferta de Empleo Público (OPE) desde antes del 1 de enero del 2005, la fecha que marca el Estatuto de los Trabajadores como límite, aunque el sindicalista del consistorio reseña que «habría otro centenar largo de contratos con connotaciones especiales que también deberían entrar en el mismo saco». «Exigiremos que se saque adelante porque incluso por ley si lo recurrimos se tiene que llevar a efecto», avanzó Cármenes, quien subraya que los 1.900 empleados que tienen en nómina en la actualidad el Ayuntamiento son los necesarios e, incluso, señala que «las jubilaciones se tienen que cubrir con fijos discontinuos y eventuales».