Zapatero agasaja a Urkullu pero rechaza hacer cambios en su política contra ETA

Ni siquiera la buena relación construida con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a lo largo de esta convulsa legislatura hará a José Luis Rodríguez Zapatero cambiar de opinión. El presidente del Gobierno reiteró ayer en su encuentro con el dirigente nacionalista en la Moncloa que mantendrá inmutable la política penitenciaria y la legislación penal, en todos sus extremos, para que sea el próximo Gobierno y el Parlamento que salga de las urnas el 20 de noviembre quien gestione el final de ETA.

Urkullu llegó a Madrid con una actitud más dialogante que exigente. Es más, ni siquiera defendió ya que haya que dar pasos de manera inmediata para, desde las instituciones, responder al comunicado del cese de la violencia etarra. Sólo dio categoría de urgente a un caso, el de los reclusos que padecen alguna enfermedad grave. «Lo que nos diferencia de los que no respetan los derechos humanos es el humanismo que podemos aplicar», defendió. En balde.

En la actualidad ya hay 11 reclusos de la banda en la calle por la severidad de sus dolencias. Menos de una decena con problemas de salud reconocidos siguen, en cambio, en la cárcel. El líder del PNV no pidió expresamente su excarcelación, pero reclamó al jefe del Ejecutivo que se revise su «situación». Algo que, según dio a entender el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, tampoco se hará.

En su calidad de portavoz, el ministro insistió en que nada se va a modificar, pero hizo hincapié en que no hay ningún preso enfermo que no reciba tratamiento, bien en hospitales, bien en su domicilio. Otra cosa es que en algunos casos lo hagan lejos de sus casas. Alfredo Pérez Rubalcaba dejó preparado el terreno para un posible acercamiento de ese colectivo a cárceles del País Vasco cuando el pasado julio abandonó el Ministerio del Interior. Pero ahora ya la medida no se aplicará.

Más receptivo. Ni esa ni, de manera inmediata, ninguna otra de las propuestas planteadas por Urkullu quien, por otro lado, dijo haber encontrado alta receptividad en Zapatero e incluso una «asunción» de sus puntos de vista. Su hoja de ruta contempla la supresión de la legislación «excepcional» que ha servido en la lucha contra el terrorismo, lo que incluiría el fin de la dispersión, la derogación de la ley de partidos, el fin de la aplicación de la ‘doctrina Parot’ y la liquidación de los agravantes penitenciarios.

En todo caso, el propio Urkullu convino en que «han sido 50 años de violencia, de fanatismo y de terror y han pasado sólo cinco días desde el anuncio del fin de la actividad armada de ETA». «Lo que yo he planteado no tiene que hacerse a la carrera», aceptó.

La posición del Gobierno sobre cada uno de los aspectos puestos sobre la mesa por el líder del PNV es algo difusa. Más allá de que reitere que hay que respetar a los tribunales —la ‘doctrina Parot’ está en manos del Constitucional— prefiere no adelantar acontecimientos. «Creo que necesitamos un poco más de tiempo —señaló Jáuregui—, que las cosas vayan fluyendo y que la sociedad española se impregne de paz y libertad; que los acontecimientos vayan dado posibilidad a otras actuaciones, que sólo el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento deberán adoptar». En todo caso, Urkullu dejó claro que el mundo de ETA tiene que seguir dando pasos. «Es sin duda imprescindible y urgente que la izquierda aberzale se comprometa también en el reconocimiento a las víctimas y asuma el daño causado», dijo. Lo que no obsta para que, a su juicio, deba reconocerse también a las «víctimas de la intencionalidad política», en referencia a las causadas por los grupos parapoliciales, como los GAL.