La juez pide información sobre el papel de Griñán en los ERE de Andalucía

La juez Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude de ayudas públicas en Andalucía, reclamó ayer en un auto a la Consejería de Hacienda datos sobre quién era la persona titular que autorizó diversas operaciones de endeudamiento por importe de 1,2 millones de euros relacionadas con 21 empresas. Cabe recordar que el último paso dado por la magistrada se refiere precisamente al área en la que fue titular el actual presidente regional, José Antonio Griñán.

Las ayudas fueron tramitadas por la Consejería de Empleo, aunque Alaya ha mostrado también su interés por extender las investigaciones a operaciones de otras consejerías. Entre otras empresas de las que solicita información se encuentra precisamente Matsa, la compañía minera en la que trabajaba la hija del expresidente Manuel Chaves y que recibió una subvención de 10 millones en un consejo de Gobierno presidido por éste.

Tras conocerse la petición de la juez, el PP ha asegurado que el mandatario andaluz y la consejera de Hacienda quedan «absolutamente inhabilitados políticamente», tras haber sido «señalados directamente» en el último auto. «Cada día está más claro que Griñán y Aguayo tienen la máxima responsabilidad en el escándalo de los ERE», recalcó el dirigente popular, Antonio Sanz.

Por su parte, el Gobierno andaluz negó que los tribunales señalen a su líder como responsable y en un comunicado anunciaron que solo se limita «a solicitar información». La propia Junta de Andalucía remitió una investigación interna en la que se constata que la dirección general de Trabajo, epicentro de las irregularidades, otorgó hasta 20 millones sin ningún control a una trama de 18 empresas. Era la propia consejera de Presidencia, Mar Moreno, la que destapaba la liebre al explicar que la administración había remitido al juzgado el pasado 28 de octubre un informe interno con las supuestas anomalías en la concesión de ayudas y subvenciones sin cumplir los requisitos legales necesarios.