Los funcionarios trabajarán 2,5 horas más con un «intensivo» control del absentismo

Los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León tendrán que trabajar 2,5 horas más a la semana. Además, el Gobierno Autonómico intensificará el control del absentismo laboral, congelará los sueldos y la oferta pública de empleo, a excepción de los servicios esenciales, donde se mantendrán iguales criterios que en la convocatoria de 2011. Estas medidas, que se incluyen en el Plan de Racionalización de Gasto aprobado ayer en Consejo de Gobierno, —según las previsiones de la Junta— supondrán un ahorro de 136 millones de euros para las arcas regionales, 85 en políticas de personal y 51 en gasto corriente.

Así lo anunció ayer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras la celebración del último Consejo de Gobierno de este año, donde también se aprobó la Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2011, el proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias.

Esfuerzo necesario. La nueva jornada laboral de los 87.000 empleados públicos pasará, así, de 35 a 37,5 horas semanales. «La Comunidad entiende que es un esfuerzo que hay que hacer. Es una contribución positiva y ejemplar al empleo del sector privado», destacó Herrera, quien aseguró que «supondrá la flexibilización de los horarios de entrada y de salida».

Estas medidas pasarán hoy por las mesas de negociación de Función Pública para su ratificación. El documento también contempla «la intensificación del control del absentismo» en los casos de baja temporal o incapacidad, donde el Gobierno aporta de forma «ilimitada e indiscriminada» el 25% del salario. Eso sí, con excepciones para los permisos de maternidad o ingresos hospitalarios. Y es que según Herrera, los sindicatos «son conscientes» de «una nueva y necesaria regulación» que limite el tramo de aportación autonómico en las bajas por incapacidad temporal.

El Plan de Racionalización de gasto también incluye la reducción del 30% de los liberados sindicales y de algunos altos cargos, así como la reorganización del sector público de la Comunidad, donde se prevé adelgazar el número de empresas, entes y fundaciones. En todas ellas se aplicarán las mismas condiciones de jornada laboral, oferta pública y retributivas que a los empleados públicos; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.

En materia de subvenciones, la nueva norma obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia.

Por otro lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración de Castilla y León.