La Audiencia rechaza el caso Urdangarín porque el fraude carece de importancia
El juez alega que los delitos no ponen en riesgo el desarrollo económico nacional.
Un grupo de periodistas hace guardia frente a la casa de los padres del duque ante su posible llegada.
Por tercera vez, no. La Audiencia Nacional, al menos por ahora, no va a reclamar el caso Urdangarin, como pretende el expresidente de Baleares Jaume Matas. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de ese tribunal, Ismael Moreno, rechazó ayer la petición del abogado del exgobernante, Antonio Alberca, para que la operación Babel termine en Madrid.
Según el instructor, no se dan ninguna de las causas por las que la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicia, sería competente. Es decir, ni los delitos afectan a una generalidad de personas ni se habrían cometido en el extranjero ni son lo suficientemente graves como para poner en riesgo la seguridad del tráfico mercantil del país.
Ante todo, el juez recuerda la doctrina del Supremo, que desde hace años viene considerando que «atribuir la competencia de determinados hechos delictivos a tribunales distintos» a los predeterminados por ley deber ser muy «restrictiva» y de «carácter excepcional». Con esa premisa, Moreno rechazó el primero de los argumentos, de que los delitos investigados en Palma de Mallorca son lo suficientemente graves y afectan ya a diversas comunidades autónomas —al menos a Baleares, Valencia y Cataluña—, lo que implicarían la jurisdicción del tribunal extraordinario de Madrid.
Según el juez, hasta donde se conoce de la denominada pieza 25, «las defraudaciones aquí investigadas es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional». El instructor insiste en que «la cifra presuntamente defrauda no puede considerarse» suficiente como para socavar los principios económicos país.
En esa línea, recordó que la Audiencia Nacional ya rechazó en 2004 quedarse con la instrucción de un caso en el que se investigaba un fraude del IVA de cerca 21 millones de euros, «cifra ésta muy superior a la que se dice puede ascender el importe de la defraudación» del caso Urdangarin.
Sin indicios. Tampoco acepta el juez el argumento esgrimido por el abogado de Matas de que supuestamente la actividad del yerno del Rey y de su socio, Diego Torres, ha supuesto una «perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia». Al margen de que inicialmente los damnificados no serían personas sino instituciones públicas, el juez sostiene que no hay «indicios» de que su pueda hablar de una generalidad de perjudicados.
De igual modo rechazó quedarse con la causa por el argumento de que hay delitos cometidos españoles en el extranjero. De confirmarse que hubo evasión fiscal, razonó, el delito habría sido cometido en España y contra la hacienda pública nacional.
Soporte documental. El juez Moreno no descartó, sin embargo, que en un futuro cercano o lejano pueda reconsiderar su decisión. Ahora, añadió, no hay una «carencia de soporte documental» para que el caso llegue a Madrid, «sin perjuicio de lo que pueda resultar del contenido y completo conocimiento de la pieza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma», que sigue abierta y viva.