La vicepresidenta rectifica a Montoro y ratifica que se cumplirá con el déficit

Soraya Sáenz de Santamaría demostró ayer que no le tiembla el puso a la hora de rectificar a pesos pesados del Gobierno. La vicepresidenta rechazó de un plumazo las dudas que expresó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un periódico alemán sobre si España podrá cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 4,4% a final de 2012. «El Gobierno tiene la intención, voluntad y determinación de cumplir con el objetivo de reducción del déficit», repitió hasta en tres ocasiones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Y no fue el único ministro ‘matizado’. La lugarteniente de Mariano Rajoy también negó que el Ejecutivo haya decidido que sólo quiere una única modalidad de contrato laboral, como adelantó el titular de Economía, Luis de Guindos, en un artículo en el Wall Street Journal . Una posibilidad que ya rechazó Rajoy en campaña electoral. Sáenz de Santamaría explicó que la intención del Ejecutivo es «simplificar» la contratación, pero sin concretar. Lamentó que, tras las dos reformas aprobadas por el Gobierno socialista –el PP se abstuvo en la votación de ambas normas–, sólo exista en la actualidad «la concatenación indefinida de temporales».

La vicepresidenta dejó claro que los galones que le impuso Rajoy no son decorativos. Evitó desmentir abiertamente a sus compañeros de Gabinete, pero dejó claro que ella no informa sobre «interpretaciones» sino que fija la postura del Gobierno mediante las resoluciones del Consejo de Ministros.

España se ha comprometido ante el resto de socios de la Unión Europea a reducir los números rojos del Estado hasta el 4,4% del PIB en 2012 y al 3%, en 2013. Un cumplimiento que Rajoy adelantó que se lograría «por encima de todo» y que Sáenz de Santamaría calificó de «medida clave e imprescindible para poder generar empleo». Un rango que también otorga a las reformas estructurales que ultima el Gobierno para «dinamizar la economía y posibilitar la creación de puestos de trabajo».

Más explícita se mostró a la hora de valorar las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguran dos años más de recesión económica en España (2012-2013). La vicepresidenta advirtió de que «no nos vamos a resignar a la fatalidad de estas previsiones» y que el Gobierno adoptará más medidas de ajuste y emprenderá más reformas estructurales para luchar contra los «malos datos» con más «rigor y esfuerzo».

El Gobierno tiene otro frente abierto a las múltiples interpretaciones: las posibles responsabilidades penales en las que incurrirán aquellos políticos con responsabilidad institucional que hagan un uso inadecuado de los fondos públicos. La vicepresidenta advirtió de que antes de conocer el régimen sancionador, se establecerá un conjunto de obligaciones legales para estos gestores. Sólo en caso de «dolo acreditado» o gran culpa habrá «una reacción desde el punto de vista penal» contra presidentes o consejeros autonómicos o alcaldes y concejales, entre otros. Insinuó que, sin desechar las penas de prisión, lo más adecuado sería la inhabilitación para el cargo público.