Diario de León

Garzón y la Fiscalía piden la anulación del juicio sobre el franquismo

Solicitan al tribunal aplicar la ‘doctrina Botín’ para apartar a Manos Limpias.

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mateo balín | madrid
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La defensa de Baltasar Garzón y la Fiscalía coincidieron ayer en solicitar al Tribunal Supremo que anule el juicio contra el juez de la Audiencia Nacional por investigar los crímenes del franquismo. Durante la primera jornada de la vista oral, en el trámite de cuestiones previas, las partes invocaron la denominada ‘doctrina Botín’ para reclamar su suspensión. Esta doctrina del Supremo establece que la acusación popular, en este caso el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, no es suficiente para sostener una causa en la que el Ministerio Público no acusa, como es el caso.

El tribunal juzgador comenzará las deliberaciones hoy miércoles y está previsto que se pronuncie el próximo martes, justo antes de que declare Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación. Las cuestiones previas de cualquier juicio son procedimientos en apariencia intrascendentes, pero tratándose de Garzón, el Supremo y la ‘memoria histórica’ la sesión celebrada ayer adquirió una relevancia inusitada.

Los argumentos jurídicos de las partes no fueron nuevos, ya que la letra pequeña se conoció durante la instrucción de la causa. Pero lo más novedoso, quizá, fueron los pequeños matices y el tono de los intervinientes, en especial del fiscal Luis Navajas, que dio un repaso en toda regla al magistrado del Supremo que decidió enjuiciar a Garzón, Luciano Varela.

«Ni Manos Limpias está legitimada ni el delito de prevaricación se encuentra entre aquellos que pueden sostenerse por una acusación popular», dijo el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. «Su presencia es puramente adhesiva, solo tiene facultades si se ve acompañada de una acusación particular (cuando es afectado directo o víctima) o del Ministerio Público»» añadió el fiscal Navajas. Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, defendió el «interés público» para ejercer la acusación popular en este caso y que los «indicios de criminalidad» para condenar a Garzón ya fueron expuestos por el juez Varela.

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