El Supremo rechaza las pruebas que Garzón pidió para demostrar su inocencia

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena denegó las últimas pruebas solicitadas por Baltasar Garzón en su defensa antes de dictar, a finales de la semana pasada, el auto por el que imputó al juez un delito de cohecho impropio en la causa por su gestión presuntamente irregular de unos cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York en el 2005 y el 2006, cuando disfrutaba de una licencia de estudios. Para justificar los cobros que recibió por los cursos que dio en Nueva York, Garzón había pedido la declaración del asesor Ángel Luis Durán, la persona que cumplimentó el impuesto sobre el patrimonio del juez durante el 2002 para demostrar que disponía en Nueva York de una única cuenta bancaria en Citibank, así como la remisión de comisión rogatoria a EEUU para reclamar al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, que organizó los cursos, la documentación de las subvenciones obtenidas del Banco de Santander.

El juez también quería que se tomara declaración a una empleada de la Universidad de Nueva York y a un traductor para aclarar el error de la página web del centro que presentaba al magistrado como la persona que gestionó y obtuvo la financiación para la realización de los cursos. Testigo rechazado Según Marchena, sin embargo, la declaración como testigo de Durán 'poco o nada puede añadir acerca de si el investigado disponía de una o más cuentas en la entidad bancaria'. Así, rechaza el testimonio porque 'su declaración nunca garantizaría ese extremo, toda vez que la liquidación de ese impuesto se efectuó con los datos ofrecidos por el propio Garzón, no con los que su asesor fiscal pudo indagar por propia iniciativa'.

En el auto conocido este lunes, el instructor Marchena rechaza asimismo la incorporación de los justificantes de la aplicación de los patrocinios realizada por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York donde se realizaron algunos de los cursos. A este respecto, Marchena señala que el testimonio de los principales responsables de las entidades que ofrecieron fondos para los cursos organizados por el querellado pone de relieve que 'ninguna de aquéllas exigió una cuenta pormenorizada' de los términos en que fueron aplicadas las cantidades abonadas al centro acadénmico. Sin liquidación detallada Añade que los documentos que obran en la pieza separada y a los que alude la defensa, referidos al supuesto detalle de las subvenciones obtenidas del Banco de Santander, 'no son tales'.

Se limitan, según señala el auto, a una carpeta entregada por la trabajadora del centro Laura Turégano 'en la que se entremezclan recibos'. La propia Turégano, según recuerda Marchena en este auto, testificó que el Banco de Santander --uno de los patrocinadores de los cursos junto con Cepsa, Endesa, BBVA y Telefónica-- 'no les había exigido liquidación pormenorizada de la subvención aplicada', y que por ello carece de sentido promover una comisión rogatoria a EEUU con el fin de indagar la existencia de estos certificados. Tampoco resulta pertinente, a juicio del instructor del caso, llamar a declarar a los responsables de la universidad norteamericana Jo Labanyi y Anthony Geist para aclarar otros extremos de la gestión de los cursos realizada por Garzón.