El Supremo expulsa al juez Garzón de la judicatura por prevaricar en el caso Gürtel
El tribunal le condena por unanimidad a 11 de años de inhabilitación por vulnerar el derecho de defensa.
Fotografía de archivo de una de las sesiones del juicio contra el juez Baltasar Garzón.
Lo que empezó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción política que se recuerda, el caso Gürtel, ha terminado por enterrar al juez que abrió la investigación y de paso colocó el punto final a 31 años de controvertida carrera. Baltasar Garzón ya no es magistrado. El Tribunal Supremo puso ayer fin a su trayectoria judicial al condenarle a 11 años de inhabilitación por prevaricación, la peor de las acusaciones que se le puede imputar a un togado.
Los siete magistrados de la Sala de lo Penal que le juzgaron acordaron por unanimidad que Garzón cometió los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la intercepción de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados de la trama corrupta y sus abogados.
Fue entre febrero y marzo de 2009, en el momento álgido de una causa instruida inicialmente por Garzón y que ha costado la carrera política a un puñado de altos cargos del PP.
La actuación del juez, según la sentencia, vulneró de forma consciente el derecho de defensa, elemento nuclear del Estado de Derecho, y causó «un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable» a los imputados, Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la red Gürtel, y al secreto profesional de los abogados.
Pero antes de entrar en arena jurídica, la sentencia de 68 folios dejó caer duras acusaciones contra las decisiones que tomó Garzón en aquellos meses y que le han explotado en las manos tres años después. Entre medias, el vía crucis procesal del instructor ha estado aderezado con otras dos causas pendientes de veredicto en el Supremo, el juicio por investigar los crímenes del franquismo y los pagos de los cursos de Nueva York.
«Sin razón alguna». Dice la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Miguel Colmenero, que los pinchazos telefónicos «indiscriminados» que ordenó Garzón se hicieron «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable». Y en tono moralizante, añade: «La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia». Para luego cargar con dureza contra el juez al asegurar que admitió «prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado». Para el tribunal, las resoluciones de Garzón «se revelan, a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo» que se alejaba de modo «arbitrario y absoluto» de la aplicación razonada del Derecho y de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo.
En este punto, curiosamente, no entra a valorar las pruebas de descargo que presentó en el juicio el abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra, o la propia Fiscalía del alto tribunal, que pedía la absolución del imputado.
Garzón tendrá que pagar a los letrados que motivaron la querella, Ignacio Peláez, José Antonio Choclán, defensor de Correa, y Pablo Rodríguez Mourullo, defensor de Crespo, las costas procesales y, además, hacer frente a una multa de 2.500 euros impuesta por el tribunal.