La jueza de los ERE acusa a Andalucía de idear un plan para burlar a la UE
La jueza que instruye el caso de los ERE supuestamente fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía tiene la convicción de que la administración regional «ideó un sistema» en el reparto de ayudas que trataba de eludir cualquier elemento de fiscalización, incluidos los mecanismos de control de la UE. Se trata, reconoce, de una conclusión «apriorística» y advierte, no obstante, que de confirmarse podría suponer un grave problema para España al no asumir su responsabilidad como Estado miembro.
De esta forma tan contundente responde la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en un auto en el que vuelve a cuestionar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, en este caso, las denominadas «ayudas de mínimis», que no requieren autorización por la Comisión Europea.
La jueza señala que de acuerdo a lo investigado hasta el momento por la Guardia Civil las ayudas otorgadas «podrían estar huérfanas» de las más elementales normas procedimentales, ya que se «encubrían» verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación, una fórmula que permitió «eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas». En este sentido, alerta de las responsabilidades que esta situación podría generar para España como Estado miembro.