Justicia indemniza a Otegi con 20.000 euros, pero «sin ninguna satisfacción»
Gallardón explicó que España está obligada a «acatar» la condena de Estrasburgo.
Gallardón, en el centro, en la reunión de ayer con la consejera de Justicia del País Vasco.
El ministro de Justicia confirmó ayer que el Gobierno de España pagará en las próximas horas al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi la indemnización de 20.000 euros por «daños morales» a que condenó al Estado hace un año el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La corte europea consideró que los tribunales españoles —el Supremo y el Constitucional— habían actuado de forma «desproporcionada» al condenar a Otegi a 15 meses de prisión —que tuvo que cumplir— por decir, cuando todavía era el portavoz parlamentario de Batasuna, que el Rey era «el responsable de los torturadores». El fallo entendió vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Otegi y obligó a España a que le indemnizase con la citada cantidad y a que pagase los 3.000 euros de las costas.
Alberto Ruiz-Gallardón señaló ayer que su departamento realizará el pago «sin ningún tipo de satisfacción» y proclamando su «discrepancia» con la sentencia, que se convirtió en firme hace cinco meses, pero que sin embargo tiene la obligación legal de «acatar». El ministro explicó que de no afrontar el Gobierno de España las obligaciones que le exigen los tratados internacionales sobre la corte sería además sancionado.
Aberzales. Gallardón aprovechó la comparecencia de prensa posterior a su entrevista con la consejera de Justicia de Euskadi, Idoia Mendia, para volver a reiterar que no es cierto que el Ejecutivo haya convertido la posibilidad de instar la ilegalización de Amaiur y Bildu en un asunto del pasado, pero que se trata de un proceso que por el momento tiene que descartar porque no existe indicio alguno que demuestre que ambas formaciones son una sucesión de la ilegal Batasuna.
El titular de Justicia insistió en que esta circunstancia quedó reflejada sin duda alguna en los informes que hace unos días elaboraron tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado.
«No empezamos en una decisión desde cero, sino que somos todos herederos de las resoluciones que a lo largo de los últimos años se han dictado por distintos tribunales, incluso por el propio Tribunal Constitucional», subrayó Gallardón. El ministro dijo también que, «en estos momentos, un camino de instancia diferente al que se está siguiendo no tendría la cobertura jurídica que pudiese alcanzar el éxito pretendido».