Gallardón quiere tener el borrador de la nueva ley del aborto este otoño
Aspira a aprobar la elección directa del Poder Judicial por los jueces en el 2013 .
Ruiz Gallardón, al comienzo de su comparecencia ante la comisión de Justicia del Senado.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer en el Senado que su departamento contará ya para el próximo otoño con borradores de todas las leyes que conforman su amplio paquete de reformas de la Justicia. La intención es que la mayoría de los proyectos pueda así entrar y debatirse en el Parlamento a lo largo del 2013, porque, según afirmó, ha llegado el momento de pasar de «la reflexión a la acción».
Dentro de este calendario acelerado, quiere contar con el borrador de modificación del Código Penal que incluya la prisión permanente revisable, cadena perpetua para la oposición, en junio de este año, y en otoño aspira a tener un primer texto para la reforma de la ley del aborto, que terminará con la actual norma de plazos para volver a una de supuestos.
De ninguno de los dos proyectos dio más pistas. Solo que la nueva ley del aborto no será de plazos y volverá a implantar la obligatoriedad de la autorización paterna para las menores y que la prisión permanente revisable está pensada solo para delitos «excepcionales», que «alcanzan el máximo de alarma social», y que se parecerá al modelo francés.
El caso francés. En el país vecino el condenado no puede solicitar la libertad condicional hasta pasados 30 años en prisión y para conseguirlo debe superar un minucioso examen de reinserción. De no superarlo, se establece otro período ineludible de encarcelamiento, tras el que puede intentar de nuevo su excarcelación, que además puede incluir un período de libertad vigilada u otras medidas de seguridad.
La programación avanzada por Ruiz-Gallardón indica que antes del comienzo del verano el ministerio quiere remitir a los órganos consultivos y a determinadas asociaciones y agentes sociales un primer texto del Estatuto de la Víctima, del citado Código Penal y de la ley de Responsabilidad Penal del Menor para que realicen sus alegaciones, previas a la elaboración de un proyecto de ley y su remisión al Parlamento.