El Supremo centra la causa contra José Blanco en el tráfico de influencias
El instructor Soriano pregunta a los empresarios imputados por el papel del ex ministro.
José Antonio Orozco, al salir de los juzgados de Lugo.
El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Soriano, que investiga al exministro José Blanco por cohecho y tráfico de influencias en el marco de la operación Campeón’, la trama de subvenciones públicas en Galicia, centra las pesquisas del caso en conocer si hubo delito de tráfico de influencias en las gestiones que hizo el exministro para favorecer a empresarios imputados en el fraude.
El cambio de paso que ha dado el instructor, que ayer comenzó a interrogar a los empresarios implicados en la causa contra Blanco, llega después de que un informe de la Agencia Tributaria desmontara la versión del cohecho del principal acusado en la trama, el industrial farmacéutico Jorge Dorribo. El empresario gallego acusó a Blanco de recibir 150.000 euros a través de una cuenta de Andorra por agilizar unas licencias para su empresa, laboratorios Nupel, ante los Ministerios de Sanidad y Economía. Así lo declaró el 14 de octubre ante la juez de Lugo que investiga la operación Campeón, y después ratificó el 21 febrero ante el magistrado del Supremo.
La realidad. Sin embargo, el informe pericial no sólo desmintió el supuesto cohecho al exministro, sino que aseguró que esa partida fue destinada en realidad «a levantar la quiebra» que pesaba sobre una empresa farmacéutica andorrana. Tras desvirtuarse las acusaciones de cohecho, las pesquisas judiciales se centran a ahora en dirimir si el exnúmero dos del PSOE incurrió en tráfico de influencias, penado con hasta dos años de prisión. Para ello, el juez Soriano y el fiscal Manuel Dolz estudian con detenimiento los indicios enviados al Supremo por la juez de Lugo Estela San José, dentro de la exposición razonada al tratarse del caso que afecta a un aforado, según precisaron fuentes judiciales.
Juez y fiscal interrogaron ayer a dos de los empresarios que aparecen implicados en la causa contra Blanco, José Antonio Espiñeira y Javier Rodríguez. El primero es el socio del primo político de Blanco, Manuel Bran, en una empresa de electricidad y el segundo es copropietario de Proitec, al que la juez de Lugo sitúa en el centro de la trama de subvenciones y que, supuestamente, puso en contacto a Bran con Dorribo.
En una conversación de noviembre de 2010 Orozco sugirió a Dorribo, con el que mantenía relaciones comerciales, que el exministro les iba a pedir «poner» para la «gallina» de las elecciones municipales; en otra llamada un mes después el propio Blanco admite a Orozco haber hecho «esa gestión con Economía» y que cree que «será positiva, pero bueno, aún no me contestaron», en referencia a la obtención de un préstamo del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 2,9 millones a favor de Dorribo.