El juez manda a la Benemérita rehacer toda la investigación sobre el chivatazo
Ruz reactiva el caso días antes de marcharse de la Audiencia Nacional.
El lendakari, Patxi López, durante su intervención en el pleno del Parlamento Vasco.
Pablo Ruz se marcha de la Audiencia Nacional dejando deberes, y muchos, sobre todo a la Guardia Civil en el caso Faisán. El todavía titular del Juzgado Central número 5 ordena al instituto armado, en la que probablemente sea su última resolución sobre el chivatazo, que revise de cabo a rabo la investigación sobre el soplo al aparato de extorsión de ETA que tuvo lugar en las inmediaciones del bar Faisán de Irún el 4 de mayo del 2006.
Para ese titánico trabajo, que en la práctica consiste en rehacer unas indagaciones que llevaron a la Policía cerca de cinco años de trabajo, el juez da un plazo de dos meses a la Guardia Civil, que en esas ocho semanas debe señalar quienes fueron «los presuntos responsables» de la delación a ETA después de analizar «todo el material recopilado» en la causa.
La decisión de Ruz de involucrar al instituto armado es su respuesta al fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que el pasado noviembre revocó el procesamiento de los tres imputados, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el ex jefe superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, ordenó a Ruz que siguiera con la investigación y reprochó al juez que se hubiera «nutrido de material indiciario aportado exclusivamente» por el equipo policial que dirigía Carlos Germán.
El instructor, en sintonía con la Fiscalía, cree que reactivar el caso tras el fallo de la Sala de lo Penal es una diligencia «de obligado e inevitable cumplimiento». Eso sí, matiza el magistrado, el encargo a los servicios de información del instituto armado no supone la «sustitución» del equipo de Carlos Germán.
Las tareas encomendadas a la Guardia Civil son muchas. En primer lugar tienen que aclarar las «contradicciones» entre las cintas grabadas y la declaración del supuesto cabecilla de la red de recaudación, Joseba Elosua, para precisar cómo y cuando se produjo el chivatazo ya que la Sala de lo Penal cree que ese extremo aún no está claro.
Los agentes del cuerpo militar también deben revisar la investigación de sus compañeros de la Policía sobre el cruce de llamadas para comprobar si se cometieron errores.
La Policía tampoco se quedará con las manos cruzadas. Además de hacer sendos informes paralelos sobre las «contradicciones» temporales sobre el momento y lugar del soplo y sobre el «perfil operativo» de los chivatos, debe entregar en dos meses un análisis ampliatorio de todas las llamadas «entrantes» recogidas en la zona del bar Faisán y entregar transcritos todos y cada uno de los pinchazos que se realizaron tras descubrirse que hubo una delación a los presuntos terroristas.
Ruz llama asimismo a declarar como testigos al yerno de Elosua, José Carmelo Luquín, a quien el dueño del bar reveló que había recibido un chivatazo telefónico y a cuatro agentes.
Ruz aprovecha su auto para abrir otro aspecto hasta ahora inexplorado en la investigación, el de que el chivatazo no se hiciera a través de un móvil convencional, sino con una llamada desde un teléfono vía satélite.
En el auto rechaza por enésima vez la citación en la causa del entonces secretario de Estado de Seguridad y luego ministro del Interior, Antonio Camacho, como habían solicitado las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y la AVT.