SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO
Rajoy quiere "normas económicas comunes" entre las autonomías
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escucha las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
Durante el larguísimo pleno sobre el último Consejo Europeo, Mariano Rajoy ha cargado este miércoles contra el actual sistema de financiación territorial. Después, en la sesión de control al Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha ido un paso más allá, al abogar porque las autonomías, como los Estados miembros de la UE, se doten de "normas comunes en materia económica". Pero Rajoy, en respuesta al nacionalista vasco Josu Erkoreka, ha negado que su futura iniciativa esconda un interés recentralizador. "Mi intención no es hacer tabla rasa del régimen autonómico. No tenemos ningún interés en hacer tabla rasa en eso. Solo pretendemos mejorar el funcionamiento de las administraciones, mediante el diálogo y el acuerdo. No quiero que las autonomías vivan ajenas a otras. De lo demás no hay nada", ha dicho.
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En su pregunta, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha apostado por el gran caballo de batalla de la estrategia de oposición de su partido: la reforma laboral. "La reforma tiene un mes, y ya hay trabajadores despedidos con menos indemnización y de manera más fácil, trabajadores que han visto disminuidas sus condiciones laborales. Hay alternativas. Los sindicatos han presentado algunas. La reforma afecta a millones de trabajadores. Rompe equilibrios fundamentales. Siéntese con los sindicatos y los empresarios. Escuche y dialogue. Hay tiempo para que esta reforma sea más justa, eficiente y respetuosa de los equilibrios. La paz social es competitividad en vena", ha argumentado el líder socialista.
Pero para Rajoy, que se ha mostrado dispuesto a estudiar las enmiendas que presente el PSOE a la modificación del marco laboral, la reforma "está en la línea europea y será beneficiosa".
Siete millones de euros
Soraya Rodríguez se ha mostrado muy enérgica. La portavoz parlamentaria del PSOE ha denunciado que el Gobierno se haya gastado siete millones de euros en enviar dos cartas a cada pensionista, en una anunciando la actualización de la paga y en otra avisando de la subida del IRPF. De acuerdo con la socialista, la remisión de las dos misivas --una firmada por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y la otra por la directora general de la Seguridad Social, María Eugenia Martín Mendizábal-- ha costado 450.000 euros en papelería y sobres más 0,36 céntimos por cada envío.
"Los españoles merecen una explicación sobre este gasto", le ha dicho Rodríguez a la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha limitado a defender la obra del Ejecutivo sin entrar en las polémicas cartas.