El Gobierno se deshace de ochenta empresas en busca de un ahorro dudoso
La deuda de las comunidades autónomas crece un 17% y bate otro récord.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría.
Reducir el número de empresas y fundaciones para ahorrar es el objetivo del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El programa prevé la supresión, desinversión o agilización de liquidación de ochenta sociedades mercantiles de titularidad estatal, de un total de 228 existentes. Su eficacia en términos de ahorro es dudosa, pues muchas de las empresas a disolver hace décadas que no tienen ninguna actividad y apenas generan gastos.
La vicepresidenta del Gobierno sólo aportó un dato al ser preguntada en reiteradas ocasiones por el ahorro total que generará esta iniciativa. Permitirá, señaló, la supresión de 154 miembros de los consejos de de administración, lo que permitirá economizar 1.083.900 euros anuales en dietas. «Vamos a aligerar sobre todo el personal directivo y administrador», subrayó Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó ir más allá y aclarar el ahorro total derivado de este plan. Faltan por concretar aspectos como el ahorro en los sueldos base que cobran esos consejeros o las partidas a salvar en otros aspectos como sedes u operaciones. «Se está haciendo la cuenta, el dato global aún no se puede dar», señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda.
La número dos del Ejecutivo destacó que en el listado de sociedades afectadas hay algunas que carecen de personal, pero disponen de un administrador. Otras son filiales que cuentan con plantillas mínimas (de cuatro personas, por ejemplo) y con un consejo de administración más numeroso. Sáenz de Santamaría quiso tranquilizar a los trabajadores de estas últimas compañías y prometió que no irán al paro. «Lógicamente se integrarán en la (empresa) matriz», afirmó.
El núcleo del plan diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy es el cierre de veinticuatro empresas estatales, el 17% del total. Entre las compañías a disolver destaca la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al objeto de dinamizar el mercado de alquiler. Siete años después, el Ministerio de Fomento estima en 43 millones sus pérdidas acumuladas, porque los márgenes obtenidos con su actividad no cubrían los gastos de personal y de explotación.
También se extingue la Sociedad Estatal para la Venta de Loterías, creada en 2011 por el anterior Ejecutivo socialista para gestionar la privatización de parte de Loterías y Apuestas del Estado. En el listado de empresas llamadas a desaparecer figuran algunas históricas como AEC (Altos Hornos Ensidesa Capital). Asimismo, el plan prevé la desinversión (mediante venta) de otras ocho empresas. En este caso también es dudoso que el Gobierno consiga algún beneficio mediante su venta.
El plan prevé también la agilización de la liquidación de 13 sociedades, entre ellas Barcelona Holding Olímpico, Izar y la sociedad V Centenario, creada para conmemorar en 1992 los quinientos años del descubrimiento de América. Por último, el Estado venderá sus participaciones minoritarias en otras 35 sociedades mercantiles, las más llamativas.
1397124194 Deuda pública. Austeridad para reducir el déficit y contención de la deuda son los objetivos que mueven la acción del Ejecutivo desde su toma de posesión en diciembre de 2011. El Banco de España publicó ayer el montante de deuda de las administraciones públicas al cierre de 2011. Según el organismo regulador, el año pasado la deuda de las comunidades autónomas creció un 17,26%, hasta sumar 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), su mayor cuantía desde que existen registros.
La deuda pública total creció el año pasado un 14,2%, hasta 734.961 millones de euros, una cantidad que equivale al 68,5% del PIB. Este incremento sitúa el conjunto de la deuda española 7,3 puntos por encima del 61,2% del PIB registrado al cierre de 2011 y supone 28,3 puntos más que el 40,2% que soportaba la economía española a finales de 2008, el año en que se derrumbó Lehmann Brothers y la crisis llegó a España. El volumen de deuda también está 8,5 puntos por encima del 60% que establece el Pacto de Estabilidad europeo como límite.
La vicepresidenta del Gobierno desveló también que, según los datos en poder de Hacienda, los ayuntamientos presentaron facturas pendientes de pago por un importe de 9.584 millones de euros hasta el pasado 15 de marzo, cuando expiró el plazo para que los consistorios hicieran público el montante de su deuda con los proveedores.