LEY DE TRANSPARENCIA
Diez años de inhabilitación por falsear el déficit
Los presupuestos del 2013 establecerán los sueldos de alcaldes y concejales
Falsear las cifras de déficit de una administración o sus datos contables comportará una pena de inhabilitación de hasta diez años y una fuerte multa computable por cárcel en caso de impago. Esa es la más llamativa de las duras sanciones que establece el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana, pero no las únicas.
La no presentación de un plan de ajuste, incumplir las medidas previstas en el mismo, establecer compromisos de pago sin el crédito correspondiente o un incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública exigido en la Ley de Estabilidad presupuestaria pueden comportar la destitución de los altos cargos afectados y el veto para que puedan volver a ser nombrados hasta diez años.
Sanciones al Gobierno anterior
Consejeros y concejales de Hacienda e incluso los "organos colegiados" que tomen las decisiones -el Consejo de Ministros o los gobiernos autonómicos y locales- podrían ser destituidos por el Tribunal de Cuentas, según la información facilitada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Gabinete. Ésta dejó entreveer que incluso podría haber sido sancionado el anterior Gobierno por esconder el déficit real si la ley hubiera estado en vigor. "Se trata de evitar que se cumple con el 6% y que luego sea el 8,8", ha ejemplificado.
La misma ley permite que los presupuestos generales del Estado fijen la escala de sueldos a la que deberán sujetarse los ayuntamientos, en función del número de habitantes y la relevancia de la cada población. Si la nueva norma de transparencia entra en vigor antes de fin de año, los presupuestos del 2013 serán los primeros en establecer el baremo.
Estos sueldos y los de los altos cargos de todas las administraciones deberán ser publicados en las páginas web de cada una de ellas dentro del apartado de transparencia en el que se establece que la obligación de responder en el máximo de un mes a todas las informaciones que reclamen los ciudadanos salvo aquellas que afecten a la seguridad y a la protección de datos.