Investigan si la juez del caso Campeón fue presionada por parte de su superior
Acusó al presidente de la Audiencia de Lugo de forzarla para conocer su situación.
Nueva arista del caso Campeón, la trama de subvenciones públicas en Galicia. Si el lunes se conoció la extensión de la investigación a Cataluña, con cinco detenidos, ayer el caso explotó en la sede del Consejo General del Poder Judicial, donde se investiga una queja de la juez que instruye el sumario, Estela San José, contra su superior jerárquico, el presidente de la Audiencia de Lugo, José Ramón Varela Agrelo.
El órgano de gobierno de los jueces decidió este martes, por unanimidad de los cinco vocales de la comisión permanente, enviar la queja al servicio de inspección para su pertinente investigación. El órgano tiene un mes para analizar la denuncia
Este relato se remonta a principios de marzo cuando el presidente de la Audiencia de Lugo conoció que el principal implicado del caso Campeón, el empresario Jorge Dorribo, le había implicado en la trama a través de un proyecto industrial en Camerún, en el que ambos iban a participar, según Dorribo.
Varela Agrelo denunció entonces ante la Fiscalía de Lugo que Dorribo quería extorsionarle y que una persona le pidió dinero en nombre del empresario a cambio de que éste no declarara contra él. Sin embargo, la declaración posterior de un testigo, el ex portero del Deportivo de La Coruña Jacques Songo’o, complicó la posición del magistrado. Según fuentes judiciales, Songo’o confirmó a la juez San José el vínculo comercial entre Varela Agrelo y Dorribo, cuya amistad se remonta a años atrás en las reuniones de un club social de Lugo, según el sumario de otra causa que se sigue en la Audiencia Provincial y que se conoce como caso Carioca.
La queja de la juez San José recoge que su superior llevó a cabo «acciones torticeras» para intentar conocer lo que habían dicho Dorribo y Songo’o sobre él, y que permanece bajo secreto sumarial. Para ello no dudó en acudir en persona a su juzgado sin encontrar, en apariencia, respuesta. Ahora será el gobierno de los jueces el que determine si esta actuación conlleva algún tipo de sanción disciplinaria.
Mientras se abría esta nueva arista en el consejo, en el Tribunal Supremo continuaron ayer las declaraciones de los imputados en la causa que se sigue contra el ex ministro José Blanco.
María Isabel Fernández y Marta Andón, que trabajaban en la contabilidad de la farmacéutica propiedad de Dorribo antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, señalaron ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano la existencia de una «contabilidad B» en esta empresa, si bien dijeron desconocer si el dinero estaba destinado al pago a políticos para obtener de forma fraudulenta subvenciones públicas.
Por su parte, el propio Dorribo también declaró ayer ante la juez San José y ratificó sus acusaciones de los últimos meses contra otros imputados en la causa, entre ellos José Blanco.