Interior quiere que convocar actos violentos sea un delito

Mano dura a la «guerrilla urbana». El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, trazó ayer en el Congreso las líneas maestras de la reforma del Código Penal que prevé endurecer el castigo a los actos de vandalismo como los ocurridos en Barcelona durante la huelga general.

El ministro avanzó que su departamento y Justicia trabajan en el anteproyecto de ley que podría estar peparado para junio. Los grandes titulares del borrador es que se imputará un delito de pertenencia a organización criminal a quienes convoquen a través de cualquier medio, incluso internet, actos que degeneren en episodios de violencia o alteren el orden público.

Esta conducta delictiva llevará implícita una pena mínima de dos años de cárcel, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional y el juez, en caso que lo estime oportuno, decretarla. La idea ya anunciada la semana pasada por el ministro del Interior es equiparar penalmente los actos vandálicos callejeros con el terrorismo de la ‘kale borroka’ en el País Vasco y Navarra.

Fernández Díaz considera que la «espiral de violencia protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de guerrilla urbana está coordinada previamente,» de ahí la intención de considerar esta conducta con un delito de pertenencia a organización criminal.

La reacción de Interior llega después de los graves incidentes provocados por grupúsculos anarquistas en Barcelona durante la pasada huelga general del 29 de marzo, pero también en otras concentraciones, como las protestas del movimiento 15-M o las celebraciones de victorias deportivas en el centro de la capital catalana.

«Es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizado y que, según nuestro punto de vista, no tienen en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico», justificó Fernández Díaz en los pasillos del Congreso, después de que su anuncio fuera cortado por el presidente de la cámara baja, Jesús Posada, tras consumirse el tiempo de su intervención durante la sesión de control al Gobierno.

Cerco al 15-M

El segundo titular de la reforma penal tiene que ver con el movimiento 15-M, aunque el ministro cuidó muy mucho sus palabras para no mencionarlo directamente.

Fernández Díaz detalló que pretende considerar agravante la comisión de conductas violentas cuando estas tengan lugar en manifestaciones o concentraciones, llegando incluso a imputar un delito de atentado a la autoridad los actos en los que resulte herido un policía. En estos casos el Código Penal prevé penas de al menos dos años de prisión.

Asimismo, se incluirá como delito de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. Así las cosas, avanzó el ministro, se pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos locales, sino a los que deriven de la interrupción de cualquier servicio público, véase autobuses urbanos.

Pero el ministro dejó la última ‘perla’ para el final. Aseguró que no está tipificada «de manera adecuada en estos momentos la resistencia pasiva», es decir, la actuación de aquellas personas que desobedecen «de forma reiterada» las órdenes de la Policía y protagonizan, por ejemplo, una sentada, o quienes insultan e injurian.

El anuncio del ministro provocó una reacción en cascada de los diferentes grupos parlamentarios, que en líneas generales mostraron su rechazo a las medidas. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, reclamó al Gobierno que «tenga mucho cuidado» y que dialogue con las fuerzas políticas antes de hacer anuncios que «afectan al ejercicio de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos».