La Eurocámara pide una respuesta de la Unión Europea lo antes posible
La Eurocámara pidió ayer una respuesta de la Unión Europea (UE) a la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, por considerar que representa un peligroso precedente para los inversores e intereses europeos.
En un debate de urgencia convocado a raíz de la decisión argentina, los grandes grupos políticos del hemiciclo han consensuado una resolución conjunta que votarán hoy viernes y en la que piden que se estudie suspender parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede a Argentina.
Asimismo, piden que se utilicen el acuerdo entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), para presionar contra una decisión que la mayor parte de los eurodiputados consideran injusta.
Los Verdes y la Izquierda Unitaria se han desmarcado del Partido Popular Europeo (PPE), los socialistas (S&D) y los liberales (Alde) a la hora de hacer frente común con España y sus intereses, y han pedido el respeto a que Argentina gestione sus propios recursos con libertad.
Opciones
El comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, señaló al inicio del debate que una misión de su departamento que debía reunirse con empresarios argentinos la próxima semana ha decidido cancelar los encuentros «porque claramente Argentina ha creado un clima que no es proclive». Tajani se mostró a favor de «estudiar todas las opciones» e «incluso un mecanismo de resolución de disputas». Entre otras acciones, los eurodiputados piden incluir una «posible suspensión parcial» de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario.
Un esquema del que la Comisión ya tenía programado excluir a Argentina en el 2014, junto a otros Estados, al considerar que su nivel de riqueza es lo suficientemente elevado como para seguir disfrutando de esas ventajas.
Según fuentes comunitarias, no obstante, la lista de países beneficiarios de esas medidas —que se otorgan a los Estados que cumplen con requisitos relacionados con el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, a fin de ayudar a su desarrollo— «no se decide de un día para otro».