El ex consejero andaluz defiende que las ayudas de los ERE eran legales
El ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, en un receso en los juzgados.
El procedimiento de ayudas a las empresas y prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía era y es una fórmula legal, aunque luego pudiera haber usos fraudulentos. El ex consejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, Antonio Fernández, se aferró ayer a esta tesis para defender su inocencia en la investigación sobre el supuesto fraude de los ERE.
La juez, sin embargo, mantiene que son ayudas nulas de pleno derecho y entiende que como responsable del convenio marco que amparó esas subvenciones, Fernández no solo el responsable intelectual, sino que además debía conocer todas las irregularidades.
Después de un año de espera desde que conoció que debería comparecer ante la jueza instructora, y tras el encarcelamiento del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su ex chofer, el exconsejero es la persona de mayor rango en el escalafón de la Junta de Andalucía implicado en esta trama.
Delitos
De momento, la juez Mercedes Alaya le cree responsable de cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y negociación prohibida a funcionario público, es decir, tráfico de influencias. También le imputa un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil por autoincluirse como prejubilado en una empresa para la que ya no trabajaba.
Fernández vivió ayer la primera de las jornadas de un interrogatorio que se prevé largo y en la que se enfrentó a la ya popular dureza de la jueza Alaya. Sin embargo, defendió en todo momento la validez del sistema para la concesión de las ayudas suscrito en el 2001 y que estuvo vigente hasta hace unos años. Según explicó, al ser un procedimiento sin ninguna irregularidad a ojos de la administración regional, era normal que fuera conocido por el consejo de Gobierno de la Junta. De hecho, fue el Ejecutivo quien tuvo además del convenio aprobó una modificación presupuestaria —contemplada en la memoria explicativa— por valor de 13.000 millones de las antiguas pesetas.