El delito fiscal no prescribirá hasta diez años después de cometerse

Conceder una amplia amnistía fiscal, como la que aprobó el Gobierno el 4 de abril, no es incompatible con endurecer la lucha contra los defraudadores. Este es el mensaje que envió ayer el Consejo de Ministros al dar luz verde a un informe que propone una reforma del Código Penal para que los delitos contra la Hacienda Pública no prescriban hasta los diez años de haberse cometido y no a los cuatro, tal y como ocurre en la actualidad. Además, aquellos que infrinjan esta norma se enfrentarán a penas de hasta seis años de cárcel, frente a los cinco actuales, cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.

Se trata, sin duda, de un recado para aquellos defraudadores que aún dudan si les interesa acogerse o no a la oferta de perdón colectivo que el Gobierno mantiene en pie hasta el 31 de noviembre de este año. Hasta entonces, les bastará con pagar un gravamen especial del 10% -sin sanciones, intereses o recargos- del conjunto de las rentas regularizadas. Un beneficio al que pueden acogerse tanto las empresas que pagan el Impuesto sobre Sociedades, como ciudadanos y profesionales sometidos al IRPF.

El Ejecutivo confía en que con esta amnistía, además de aflorar rentas ocultas en España o fuera del país, logrará recaudar unos 2.500 millones de euros.

El Gobierno, además, modifica el Código Penal para poder castigar a los cargos públicos que «oculten, manipulen o falseen las cuentas públicas».