La Audiencia da carpetazo a la investigación de Garzón sobre la conexión de ETA y las FARC
La investigación sobre los supuestos adiestramientos conjuntos de ETA y las FARC en la selva venezolana ha recibido un duro varapalo judicial. El juez Pablo Ruz ha dado carpetazo al primer sumario sobre los supuestos contactos en España de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con los etarras. Se trata de la causa judicial que está en la génesis de la macro investigación abierta poco después por su colega de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, para aclarar los supuestos cursillos de ETA con los guerrilleros colombianos con la presunta aquiescencia del Ejecutivo de Hugo Chávez.
El problema para Velasco y su sumario es que uno de los ejes de su investigación, un ordenador cargado de mails sobre los contactos entre los terroristas y las FARC, ha sido declarado prueba ilegal por su compañero y la Sala de lo Penal, salvo sorpresa mayúscula, ratificará la decisión.
Cerrar la investigación
El juez Ruz, en un auto del 7 de mayo acuerda declarar «conclusa» la investigación que abrió su predecesor, Baltasar Garzón. Ruz, que retira cualquier imputación y ordena a la Policía cesar la investigación sobre sospechosos, explica que el motivo de cerrar el sumario es que considera que está contaminado por la prueba de cargo que dio origen a su investigación, y, cuatro meses después, en noviembre del 2008, a la de Velasco: los mails encontrados en tres ordenadores, dos discos externos y tres dispositivos USB incautados por el ejército colombiano a Luis Edgar Devia Silva, más conocido como Raúl Reyes, durante la operación en suelo ecuatoriano del 1 de marzo del 2008, en la que murió el líder de las FARC.
Correos no válidos
Unos correos electrónicos que fueron la primera pista sobre los contactos entre ETA y la guerrilla colombiana, una relación de la que hasta entonces no había ninguna prueba. El instructor, de acuerdo con el fiscal Pedro Martínez Torrijos, considera que sería ilegal admitir estos correos electrónicos como prueba después de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia colombiana declarara que los mails habían sido obtenidos violando las propias normas jurídicas colombianas, pues el Ejército colombiano se había hecho con el contenido de los ordenadores en una operación en suelo extranjero.