«Mi conciencia está tranquila, no he cometido ninguna irregularidad»

Ni perdón ni rastro de arrepentimiento. Y mucho menos sombra de dimisión. Carlos Dívar, tres semanas después de la denuncia por sus viajes privados a Marbella a cuenta del Poder Judicial, decidió dar la cara para ofrecer su versión, pero no para disculparse por haber endosado a las arcas del consejo facturas por valor de 13.000 euros en hoteles y restaurantes de la Costa del Sol. «Mi conciencia está absolutamente tranquila, no he cometido irregularidad ni jurídica ni moral ni política», apuntó en su primera comparecencia ante los medios informativos desde que fuera nombrado en 2008.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo estuvo tenso y nervioso ante un trago que durante 22 días había intentado evitar a toda costa, pero que tuvo que afrontar porque buena parte de los vocales habían supeditado su apoyo a que el presidente del Consejo explicara en primera persona el embrollo y no dejara esa patata caliente, como ya hizo la pasada semana, a la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

Gabriela Bravo, no obstante, ayer arropó a su superior en la incómoda y difícil misión de explicar, y sobre todo convencer, de que todos esos gastos en Puerto Banús tuvieron su origen en motivos laborales. Dívar casi reclamó un acto de fe a los ciudadanos porque en ningún momento quiso desvelar quiénes eran sus acompañantes y qué actos oficiales justificaron sus constantes desplazamientos y estancias en Marbella, más de 20 en cuatro años, a cuenta del dinero público. E incluso alegó motivos de seguridad nacional para no revelar quiénes disfrutaron esos agasajos.

Durante su comparecencia, el presidente del Supremo no admitió un solo error en sus viajes. Es más, dijo «lamentar profundamente» el posible deterioro de la «imagen de la justicia y de las instituciones del Consejo», pero no por sus costosas estancias en Marbella, sino por el escándalo generado en «las últimas semanas» a cuenta de la denuncia de despilfarro y malversación de caudales públicos lanzada contra él por el vocal José Manuel Gómez Benítez. Una controversia, dijo, que le ha provocado «amargura y preocupación». El máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces, lejos de considerarse culpable, llegó, incluso, a presentarse como víctima. Denunció que el «ambiente que ha rodeado» esta polémica y la «difusión» de la denuncia del vocal por malversación le han provocado un «malestar muy grave y un quebranto a mi persona».

Con este particular planteamiento, la respuesta a la gran pregunta era sabida, pero tuvo que escucharla: «¿Se ha planteado dimitir?». Y la respuesta fue la esperada: «No, no me lo he planteado. Es un acto de responsabilidad continuar al frente de la institución en este momento, ya que, además, dimitir sería como reconocer una culpabilidad en las cuestiones que se me achacan y esto no es así».

Dívar, que dijo estar dispuesto a dar explicaciones en el Congreso si así lo pide la cámara, no obstante, matizó que las aclaraciones, al tratarse de un poder del Estado, solo las daría en una suerte de «comisión de servicios secretos», similar a la que existe en la cámara baja.